La Educación Inicial comienza a los 45 días de vida y se extiende hasta los 5 años. Etapa que puede dividirse en dos, los más pequeños que asisten al Maternal y los mayores que van al Jardín de Infantes convencional.
Nadie pensaría en enviar a sus hijos a un Jardín de Infantes que funcione por fuera del control de las autoridades educativas de la Provincia. Sin embargo, en lo que respecta a la educación y el cuidado de los más pequeños, esto ocurre con mucha más frecuencia de lo que se cree. En La Plata proliferan los Centros de Atención y Desarrollo Infantil (Cadi), que se cree que funcionan de manera similar a los jardines maternales, aunque se trata de instituciones con características y regulaciones muy diferentes.
Según explicó el secretario ejecutivo de la Asociación de Institutos Privados de Argentina (Aiepa), Martín Zurita, en la Ciudad de La Plata solo hay seis jardines maternales de gestión privada habilitados y registrados bajo las condiciones que establece la Dirección de Educación de Gestión Privada (Diegep). El resto son Cadis o espacios que directamente no cuentan con supervisión educativa provincial.
Fuentes del Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) afirmaron a este diario que actualmente existen alrededor de 100 Cadis en toda la Ciudad. Se tratan de espacios privados que reciben niños desde los 45 días de edad y que cuentan con habilitación municipal según la ordenanza N° 11.387 (vigente desde el 2016), pero no se encuentran bajo la órbita de la Diegep.
“Para nosotros es una competencia desleal”, sostuvo Zurita ya que según explicó, mientras los jardines maternales deben cumplir con requisitos pedagógicos, edilicios y laborales establecidos por la Provincia, los Cadi deben aprobar una habilitación mucho más similar a la de un comercio que a la de una institución educativa.
La propia ordenanza los define a los Cadi como “aquellas instituciones que desarrollen en forma sistemática actividades orientadas a acompañar, guiar, estimular y atender de modo integral al niño desde los 45 días de su nacimiento hasta su incorporación al Ciclo de Jardín de Infantes del Nivel Inicial; cobrando un arancel por el servicio prestado” y en su artículo 2 aclara: “Las personas físicas o jurídicas que constituyan Centros de Atención y Desarrollo Infantil, situados dentro del éjido municipal y que no cuenten con el reconocimiento oficial de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia, quedarán sujetas a la presente”.
El problema, advierten desde distintos sectores, es que muchas familias desconocen que un Cadi no es un Jardín Maternal reconocido. Estos establecimientos no están obligados a cumplir con los requisitos pedagógicos fijados por la Provincia ni a contar con personal docente titulado en todos los casos.
“En la ciudad hay alrededor de 100 Cadis. No son instituciones educativas porque no están reconocidas por la Diegep. Se los habilita con una autorización municipal y funcionan bajo una ordenanza local. No cumplen con la normativa Provincial ni en lo edilicio ni en lo laboral, y muchas veces los trabajadores no cobran como docentes”, señalaron desde Sadop.
Desde el gremio remarcaron que incluso son pocos los espacios que cumplen plenamente con la ordenanza municipal. “Hay cerca de 80 establecimientos que solamente cuidan niños y niñas”, afirmaron.
Además, remarcaron que muchas familias reciben información confusa sobre el servicio que se brinda. “Les dicen que existe un proceso educativo y cuando hay docentes, porque también hemos encontrado espacios donde no los hay, al finalizar el año entregan una carpeta que simula un recorrido pedagógico. Pero todo eso carece de control por parte de una autoridad educativa competente”, indicaron.
En ese marco, desde Sadop reclaman que el Municipio modifique la ordenanza vigente y exija a los Cadi los mismos requisitos que deben cumplir los jardines maternales habilitados por la Provincia.
Esto no solo lo piden para mejorar la calidad pedagógica sino que también “lo pensamos también en relación a las compañeras que son docentes que trabajan de manera precaria. Con salarios precarios, muchas veces en negro y cuando se les abona se hace bajo el convenio de comercio”, indicó un portavoz de la entidad y añadió que “lo que más preocupa es que se brinda un servicio educativo que no está regulado por ninguna autoridad competente”.
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