Las principales organizaciones que representan a los taxistas de La Plata, Berisso y Ensenada presentaron una nota dirigida al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, para expresar su desacuerdo con la implementación del nuevo carnet profesional destinado a los trabajadores del transporte público de pasajeros.
La presentación fue firmada por diversas entidades del sector, entre ellas la Unión de Propietarios de Autos Taxis (UPAT), el Centro de Ayuda al Taxista y Afines (CATA), Taxistas Unidos La Plata, la Asociación Civil Taxistas 7 y 51, la Asociación de Propietarios de Taxis (APT), el Sindicato de la calle 43 y representantes de los servicios de taxis de Berisso y Ensenada.
En el documento, las organizaciones cuestionaron la nueva normativa al considerar que fue implementada sin el consenso de los trabajadores y señalaron que la medida no contempla la realidad económica que atraviesa la actividad.
Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con el costo del trámite. Según expresaron los representantes del sector, la renovación del carnet, que actualmente tiene un valor cercano a los 22.000 pesos, pasaría a costar alrededor de 300.000 pesos.
Los taxistas sostuvieron que el incremento representa una carga económica excesiva, especialmente para los conductores que dependen exclusivamente de la actividad para sostener a sus familias.
Además, remarcaron que el servicio ya se encuentra sujeto a controles municipales y recordaron que los vehículos cuentan con las habilitaciones correspondientes otorgadas por las autoridades locales.
En la nota también señalaron que, aunque los taxis pueden trasladar pasajeros hacia cualquier punto del país, no están autorizados a captar viajes fuera de sus jurisdicciones de origen, por lo que consideran que la implementación del nuevo carnet no responde a las características específicas de la actividad.
Las entidades calificaron la medida como un mecanismo con fines recaudatorios y advirtieron que podría agravar la situación económica de un sector que, según indicaron, atraviesa serias dificultades.
Por ese motivo, solicitaron la suspensión inmediata de la normativa y propusieron la creación de una mesa de trabajo con representantes del Gobierno provincial para analizar alternativas que permitan alcanzar acuerdos y diseñar políticas consensuadas.
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