Aunque el verano quedó atrás, en muchos edificios y countries de La Plata sigue abierto un debate que mezcla seguridad, costos y responsabilidad legal. La Ley Provincial N° 14.798, que regula la actividad de los guardavidas en territorio bonaerense, volvió a poner bajo presión a los consorcios porque exige servicio de guardavidas en todas las piletas de uso común, sin distinguir dimensiones ni capacidad.
La norma contempla una única excepción: las piscinas de uso familiar exclusivo. El problema aparece cuando la pileta pertenece al consorcio de un edificio o a un espacio compartido dentro de un barrio cerrado. En esos casos, la legislación las considera ámbitos de uso común y las obliga a cumplir con los mismos requisitos que un natatorio de gran escala.
La consecuencia práctica es que pequeñas piscinas de terrazas o patios internos terminan alcanzadas por exigencias pensadas para estructuras mucho más grandes. Y eso, según administradores, está generando una situación cada vez más difícil de sostener.
“Se está haciendo imposible cumplir la reglamentación económicamente”, explicó Sebastián Libano, administrador y miembro de la Cámara de Administradores de Consorcios de La Plata, en diálogo con EL DIA. Según señaló, el principal problema es que la ley no establece diferencias según el tamaño del espejo de agua.
“Es una ley que no diferencia entre una pileta de natación y una de lona. Si es de uso común tiene que tener bañero”, resumió.
EL PESO DE LOS COSTOS
El impacto económico aparece como el principal obstáculo. A la contratación del piletero para el mantenimiento habitual se suma la obligación de incorporar guardavidas durante toda la temporada. En muchos casos, eso implica sumar un gasto similar -o incluso superior- al sueldo de un encargado de edificio.
Libano remarcó que “si tenés que cubrir un horario largo y además los fines de semana, el costo se dispara”, indicó.
La ley establece jornadas de seis horas diarias y cobertura mínima de 150 días corridos
La ley establece además condiciones laborales específicas: jornadas de seis horas diarias, cobertura mínima de 150 días corridos y equipamiento de seguridad obligatorio. A eso se agregan aportes previsionales, indumentaria reglamentaria y elementos como botiquines, tablas espinales y desfibriladores automáticos.
En la práctica, muchos administradores se encuentran con otra dificultad: aunque se limite el horario de uso de la pileta, controlar que nadie ingrese fuera de ese rango resulta casi imposible. “Podés contratar un bañero de 13 a 18, pero si alguien se mete fuera de horario la responsabilidad sigue siendo la misma”, advirtió Libano. Como alternativa, algunos consorcios evalúan colocar señalética y restringir formalmente los horarios de acceso, aunque reconocen que eso no elimina el riesgo.
ENTRE EL CIERRE Y EL RIESGO LEGAL
El escenario golpea especialmente a los edificios pequeños. Ariel Coppari, presidente de la Cámara de Administradores de Consorcios de La Plata, aseguró a este diario que en muchos casos los propietarios directamente rechazan afrontar el gasto extra en las asambleas.
“Los administradores plantean el tema, no les aprueban el gasto y optan por cerrar la pileta. Algunos la cierran y otros directamente la llenan de tierra. No las pueden mantener”, sostuvo.
Según explicó, la situación es distinta en los countries o grandes complejos, donde los costos pueden distribuirse entre más unidades funcionales. “Los countries por ahí lo solventan. Pero en un edificio de 15 departamentos sostener un guardavida lo veo medio imposible”, afirmó.
Para Coppari, uno de los principales problemas es la falta de criterios de proporcionalidad dentro de la ley. “Tendrían que haber dado una definición por tamaño. Hay edificios que tienen piletas de 2 por 2 y tienen que poner un bañero”, señaló.
El temor a las consecuencias judiciales también pesa sobre las decisiones de los consorcios. Los administradores remarcan que, ante un accidente, la ausencia de guardavidas puede derivar en responsabilidades civiles y penales.
Frente a ese escenario, muchos edificios eligen directamente evitar el problema: vallan el sector, prohíben el uso o dejan la pileta fuera de funcionamiento durante toda la temporada. La decisión, sin embargo, suele generar malestar entre propietarios e inquilinos, especialmente en complejos donde la piscina había sido un atractivo importante al momento de comprar o alquilar.
En la Ciudad existen numerosos edificios y countries con piletas comunes, tanto abiertas como climatizadas. Pero mientras la legislación mantenga bajo la misma vara a un pequeño natatorio de consorcio y a un gran balneario, la postal podría exhibir piscinas llenas de agua, pero vacías de vecinos.
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