La resolución de la Corte Suprema sobre el financiamiento universitario abrió un escenario de interpretaciones cruzadas. En las universidades celebraron el fallo al considerar que ratifica la vigencia de la Ley de Financiamiento Universitario, pero el Gobierno Nacional buscaron limitar el impacto y adelantaron que realizarán una aplicación acotada de la sentencia.
En el Ejecutivo aducen que solo quedaron firmes los artículos 4 y 5 de la norma, referidos a “Becas y Salarios”. Bajo esa lectura, aseguran que con el acuerdo paritario firmado el pasado 10 de junio ya se cubrieron unos $830 mil millones de los $1,3 billones proyectados para ese articulado en todo el año. De esta forma, el oficialismo rechaza hacerse cargo de la totalidad de la ley, cuyo costo global estiman en $3,2 billones, y apuesta a discutir la diferencia remanente durante el segundo semestre.
“La Corte Suprema reafirmó que el Ejecutivo debe cumplir la ley”, señaló Emiliano Yacobitti, vicerrector de la UBA. Sin embargo, el tribunal no resolvió la cuestión de fondo sobre toda la norma, delegando el seguimiento en el juez de primera instancia Martín Cormick, quien deberá validar el acta acuerdo firmada hace tres semanas. Dicho entendimiento prevé un incremento de la masa salarial del 24,33% para el sector, distribuido en un 21,33% en junio y un 3% en octubre.
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