Dos historias complejas evidencian la dramática situación que atraviesan los afiliados a PAMI en La Plata ante el freno administrativo y judicial en la entrega de tratamientos oncológicos vitales. Por un lado, Soledad Matamala, paciente con cáncer de mama metastásico, enfrenta constantes rechazos burocráticos y la exigencia de costear un amparo judicial a pesar de contar con la validación de su médica tratante. Ella necesita: "Letrozol 2,5 mg. Mi tratamiento endovenoso es Ácido zolidronico Ac 4mg/5ml x 1 , inyectable pertuzumab +trastuzumab 600/600 mg, y a partir de julio de este año me agregaron el Palbociclib ultraciclib porque me subieron los marcadores".
Por el otro, Sebastián Medina, de 52 años y con cáncer de pulmón en etapa 4, espera que la obra social cumpla con un amparo ya aprobado por la justicia mientras su salud se deteriora gravemente. «La medicación es lo único que nos queda de esperanza», denuncian los allegados de Medina, quien además sufrió el rechazo de los traslados necesarios para sus sesiones de rayos. El necesita "PEMBROLIZUMAB, CISPLATINO y PEMETREXED, en el esquema y cantidades prescriptas por su médico tratante".
Ante la falta de respuestas institucionales y el desgaste de renovar trámites cada cuatro meses, los reclamos se multiplican en la región buscando visibilizar una problemática que afecta a decenas de enfermos críticos. «Venir a presentar todo a PAMI y siempre tener una situación distinta me causó mucho estrés; es injusto no solo para mí si no para todos los que estamos en esta situación», expresó Matamala sobre la burocracia que retrasa sus controles periódicos. En la misma línea, Sebastián advirtió sobre la urgencia de su cuadro clínico y la falta de cumplimiento en los traslados médicos: «Me estoy sintiendo mal, siento que me muero y es la única posibilidad de seguir adelante».
La falta de entrega de fármacos esenciales pese a los fallos judiciales favorables expone una brecha alarmante entre los derechos de los pacientes y la operatividad de la obra social de jubilados y pensionados. Mientras los afectados impulsan movilizaciones y recursos legales para destrabar tratamientos demorados, la comunidad exige una respuesta urgente para evitar que los tiempos administrativos sigan jugando en contra de la vida de los afiliados.
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