Son pocos los ámbitos laborales en los que la exposición a situaciones de violencia es tan constante como en las escuelas. En el último tiempo se multiplicaron los episodios dentro de los establecimientos educativos y la problemática va mucho más allá de las agresiones físicas. Alcanzan como ejemplo las amenazas de tiroteo que, hace apenas unos meses, alteraron el funcionamiento de cientos de escuelas en todo el país y sembraron incertidumbre en la comunidad educativa.
En ese escenario, los docentes llegan cada día a cumplir con su trabajo sin saber si deberán intervenir en una pelea entre estudiantes, enfrentar agresiones verbales o soportar cuestionamientos de alumnos y familiares. Incluso, lidiar con personas que irrumpen en los establecimientos para confrontar con el personal educativo.
Frente a esta realidad, los gremios de docentes reclaman un cambio de enfoque: sostienen que estos episodios no pueden seguir siendo tratados únicamente como problemas de convivencia escolar, sino que deben ser reconocidos como una problemática laboral que afecta las condiciones de trabajo y la integridad física y psicológica de quienes enseñan.
“Entran los padres, golpean a los docentes. Los alumnos también. El docente no está cuidado para nada. Ningún trabajador es golpeado en su ámbito de trabajo. En las últimas dos semanas registramos 6 o 7 casos de violencia graves en distintos distritos. Es un flagelo que requiere un abordaje multisectorial y urgente”, expresó Liliana Olivera, dirigente de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB).
Uno de los casos más graves ocurrió en Tandil, donde el profesor de música Gastón Maximiliano Valdez fue golpeado por un alumno, quien le provocó la fractura de la mandíbula y de uno de sus pómulos.
La problemática no se limita a las escuelas de gestión estatal. Desde el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) también advirtieron sobre el crecimiento de estos hechos y, a través de un comunicado, señalaron: “Durante muchos años las agresiones sufridas por docentes fueron consideradas problemas de convivencia o conflictos escolares que debían ser resueltos entre los trabajadores”.
En la misma línea, el secretario general de Sadop La Plata, Diego Richiusa, sostuvo que, si bien “en la convivencia escolar puede haber tensiones y rispideces, lo que nos está atravesando ahora es un fenómeno social que ingresa a las escuelas y nos involucra de lleno. Es central que comience a abordarse plenamente como una problemática laboral para poder darle un encuadre determinado y proteger a cada docente”.
Para el dirigente, el incremento de las denuncias confirma que la situación dejó de ser excepcional. “En la delegación recibimos a muchas docentes a las que se les labran actas o son señaladas por las familias por distintos motivos que, en muchos casos, nada tienen que ver con su tarea, que es educar y trabajar con niños, niñas y adolescentes”, explicó.
En la provincia de Buenos Aires existe un acuerdo de prevención, resguardo y reparación ante hechos de violencia en el ámbito escolar, pero según Liliana Olivera, “no está dando resultados”.
El protocolo establece que, cuando un hecho de violencia afecte la salud psicofísica de un docente, las autoridades escolares deben garantizar la realización de la denuncia ante la ART y arbitrar los mecanismos necesarios para asegurar una cobertura integral. Sin embargo, en la práctica, los sindicatos denuncian que el acceso a esa cobertura no siempre se concreta.
“Eso es justamente lo que está en discusión: queremos que estos hechos sean tratados como un problema laboral”, afirmó Richiusa. “Para muchos empleadores estas situaciones no encuadran dentro de la cobertura de la ART, pero para nosotros sí, porque generan consecuencias que en muchos casos terminan en licencia”.
El dirigente insistió en que la violencia en las escuelas debe dejar de ser considerada únicamente un conflicto de convivencia. “Siempre sostenemos que los hechos de violencia tienen que ser tratados como un problema de trabajo. Ser docente es un trabajo. El trabajo en sí mismo no enferma; lo que enferma son las malas condiciones en las que se desarrolla”, sostuvo.
Y concluyó: “Si un docente sufre una agresión, tiene que estar cubierto por la ART. Lo mismo cuando una situación de maltrato provoca daños físicos o psicológicos: esas consecuencias también deberían ser reconocidas y cubiertas”.
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