Matilde Menéndez en tribunales
| 12 de Mayo de 1999 | 00:00
La ex interventora en el PAMI Matilde Menéndez prestó ayer declaración indagatoria ante el juez federal Juan José Galeano por su presunta responsabilidad en el otorgamiento irregular de "adelanto de partidas" en doce oportunidades a hospitales y sanatorios por 17 millones de pesos.
Menéndez comenzó a declarar alrededor de las 11 para responder sobre la naturaleza de esos préstamos, y contestó un extenso interrogatorio sobre la causa penal, una de las que motivaron su alejamiento del cargo, en abril de 1994.
La ex funcionaria está sospechada de haber cometido administración fraudulenta e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en operaciones gestadas entre 1993 y 1994.
La Cámara Federal reclamó el año pasado a Galeano que indagara con prontitud a la ex funcionaria, respuesta que se concretó ayer luego de dos postergaciones del 20 y 27 de abril últimos.
En esa ocasión, los camaristas Horacio Cattani, Martín Irurzun y Horacio Vigliani reaccionaron con sorpresa porque Menéndez aún no había sido escuchada en la causa.
La Cámara pidió a Galeano que averiguara si el dinero que se anticipaba era destinado efectivamente a la atención de los afiliados al PAMI.
Las operaciones con prestatarios del PAMI se efectuaron entre 1993 y 1994 y la causa se inició debido a un informe de la Auditoría General de la Nación que concluyó que "no fueron legales" los préstamos a los sanatorios y hospitales.
La Cámara Federal coincidió en que Menéndez no respetó el reglamento que exigía que el temario de las reuniones se comunicara al directorio del PAMI y al síndico con 24 horas de anticipación.
Menéndez está imputada de no efectuar un "análisis serio" de los antecedentes financieros del solicitante y que no hubiera "un estudio sobre la crítica situación alegada" por las instituciones que solicitaban los préstamos.
Se trata de los sanatorios Güemes, la Fundación Favaloro, y los hospitales Italiano e Israelita, entre otros.
La ex titular del PAMI debió haber prestado declaración indagatoria el 20 de abril para responder por despidos injustificados de personal de la obra social de los jubilados, que luego fueron reincorporados.
La reincorporación de personal despedido podría haber causado perjuicios a fondos del Estado ya que las funcionarios cobraron indemnizaciones y luego volvieron a ingresar al PAMI.
Menéndez comenzó a declarar alrededor de las 11 para responder sobre la naturaleza de esos préstamos, y contestó un extenso interrogatorio sobre la causa penal, una de las que motivaron su alejamiento del cargo, en abril de 1994.
La ex funcionaria está sospechada de haber cometido administración fraudulenta e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en operaciones gestadas entre 1993 y 1994.
La Cámara Federal reclamó el año pasado a Galeano que indagara con prontitud a la ex funcionaria, respuesta que se concretó ayer luego de dos postergaciones del 20 y 27 de abril últimos.
En esa ocasión, los camaristas Horacio Cattani, Martín Irurzun y Horacio Vigliani reaccionaron con sorpresa porque Menéndez aún no había sido escuchada en la causa.
La Cámara pidió a Galeano que averiguara si el dinero que se anticipaba era destinado efectivamente a la atención de los afiliados al PAMI.
Las operaciones con prestatarios del PAMI se efectuaron entre 1993 y 1994 y la causa se inició debido a un informe de la Auditoría General de la Nación que concluyó que "no fueron legales" los préstamos a los sanatorios y hospitales.
La Cámara Federal coincidió en que Menéndez no respetó el reglamento que exigía que el temario de las reuniones se comunicara al directorio del PAMI y al síndico con 24 horas de anticipación.
Menéndez está imputada de no efectuar un "análisis serio" de los antecedentes financieros del solicitante y que no hubiera "un estudio sobre la crítica situación alegada" por las instituciones que solicitaban los préstamos.
Se trata de los sanatorios Güemes, la Fundación Favaloro, y los hospitales Italiano e Israelita, entre otros.
La ex titular del PAMI debió haber prestado declaración indagatoria el 20 de abril para responder por despidos injustificados de personal de la obra social de los jubilados, que luego fueron reincorporados.
La reincorporación de personal despedido podría haber causado perjuicios a fondos del Estado ya que las funcionarios cobraron indemnizaciones y luego volvieron a ingresar al PAMI.
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