El Estado apeló el fallo contra la pesificación y el corralito

El Estado Nacional apeló el fallo de la Sala V de la Cámara en lo Contencioso Administrativo que había declarado inconstitucional la pesificación y la reprogramación de depósitos, se informó en los Tribunales porteños.
Fuentes judiciales señalaron que el Gobierno ya presentó un recurso extraordinario ante el Tribunal, cuando el plazo para plantear apelaciones vencía el martes próximo.
A partir de ese día, la Cámara cuenta con 10 días hábiles para resolver el planteo y dar traslado a las partes involucradas en el expediente.
Luego, las partes tendrán diez días hábiles para responder lo resuelto por el Tribunal.
En caso de que sea rechazada la apelación, le queda al Estado la posibilidad de recurrir en "queja" ante la Corte Suprema de Justicia, aunque a esta instancia el caso llegaría recién los primeros días de noviembre, dados los plazos procesales que deben correr.
La Sala V declaró la inconstitucionalidad de la pesificación y la reprogramación de los depósitos el 13 de septiembre último, al hacer lugar a una presentación promovida por el Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino.
En una resolución de ocho carillas, el Tribunal afirmó que la sentencia de primera instancia dictada por la jueza Emilia Marta García -que había hecho lugar el reclamo de Mondino y que fue apelada por el Gobierno- era ajustada a derecho y, por lo tanto, quedó confirmada.
La medida adoptada por la Cámara alcanza a todos los habitantes del país, aunque se aclaró en el fallo que cada uno de los ciudadanos deberá accionar individualmente para tratar de recuperar sus ahorros en la moneda en que fueron depositados.
El ocho de agosto último, la misma Sala en otro expediente ("caso Muratorio") ya había adoptado el mismo temperamento al resolver la inconstitucionalidad de las mismas normas, pero ante la presentación de un particular.
El fallo había sido unánime y tuvo las firmas de Pablo Gallegos Fedriani, Carlos Manuel Grecco y Luis Cesar Otero, quienes se pronunciaron contra el decreto 1570/01, el 214/02 de pesificación y reprogramación, y el 1316 que frenó la ejecución de medidas cautelares por 120 días hábiles.
En el gobierno ya alertaron que si prospera la decisión de esa Cámara se producirá una crisis de impredecibles consecuencias en el país.
Este litigio judicial es seguido muy de cerca por el Fondo Monetario Internacional, que ya pidió al gobierno solucionar los problemas en la órbita de la Justicia como paso indispensable para avanzar en un acuerdo financiero.