Violencia en el continente es de "proporciones epidémicas"

El director regional del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, Nils Kastberg, denunció hoy que Latinoamérica y el Caribe ocupan el 42 por ciento del total mundial de homicidios ligados al tráfico de armas.

En una declaracion distribuida en Panamá, sede para el continente americano del Fondo, Kastberg sostuvo que la violencia ha llegado a "proporciones epidémicas", alimentada por la fácil disponibilidad de armas pequeñas y una brecha creciente entre los segmentos más ricos y más pobres de la sociedad.

"La violencia social y el delito armado también están creciendo en general en la mayoría de los países de la región. Desafortunadamente, los niños y adolescentes son objeto de la violencia", acotó el analista y experto en temas de infancia y políticas de desarrollo incluyente.

En su descripción del problema de la inseguridad, aclaró que la violencia contra las niñas es igualmente prevaleciente, pero de otro carácter, ya que las niñas son sometidas a violencia con mayor frecuencia en el hogar o la escuela, donde son abusadas sexualmente por un hombre adulto conocido.

Subrayó que el Caribe está en primer lugar, en la esfera mundial, en cuanto a tasas de asesinato. La subregión tiene las mayores tasas de homicidio entre adolescentes de 15 a 17 años de edad. Para los varones caribeños, la posibilidad de convertirse en víctimas es seis veces mayor que en las niñas.

Kastberg aseguró que durante los últimos cinco años, más de 300 niños y niñas, principalmente varones, han sido asesinados en Jamaica, mientras que en los últimos tres años las armas de fuego han sido responsables de casi la mitad de los asesinatos de niños.

De acuerdo con cifras recabadas por Unicef, en 2005, unos 418 niños fueron asesinados en Guatemala. Unas 322 de esas muertes fueron causadas por armas de fuego. En Haití, uno de los países más pobres del mundo, el secuestro de niños aumentó exponencialmente en el transcurso de los últimos días y meses.

Kastberg recalcó que los niños y adolescentes que viven atemorizados con el sonido de las balas y la constante amenaza de violencia, son privados de fundamentos esenciales, como el derecho a la protección y a vivir en un entorno libre de daño, para que puedan desarrollarse y prosperar.

"La violencia armada que involucra a los jóvenes reduce o revierte el progreso económico al aumentar mucho los costos de los servicios de salud y sociales, reduciendo la productividad, disminuyendo el valor de la propiedad e interfiriendo con una gama de servicios esenciales", acotó.