La Cámara revocó el polémico fallo del juez Schiavo
| 27 de Marzo de 2009 | 00:00
La Cámara Penal de San Martín revocó ayer la decisión del polémico juez de Garantías de ese departamento judicial, Nicolás Schiavo, de otorgar la prisión domiciliaria a un gendarme procesado por abusar sexualmente de dos mujeres a las que amenazó con su arma reglamentaria. De esa manera, el imputado deberá continuar en la cárcel.
El fallo fue adoptado por la sala 3 de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal de San Martín, que hizo lugar al recurso presentado por el fiscal del caso, Daniel Moccia.
La disposición de Schiavo había sido duramente cuestionada porque en julio del año pasado, y en un fallo similar, benefició a un imputado que un mes después violó el sistema de "pulsera electrónica", salió de su casa y asesinó a un matrimonio y a sus dos hijos en Los Cardales.
Con la nueva medida, el gendarme procesado por los abusos continuará detenido, ya que a pesar de la consideración del juez Schiavo no había sido liberado aún, justamente a raíz de la apelación del fiscal de Instrucción número 23 de Malvinas Argentinas, Moccia.
Schiavo había fundamentado la medida en la "impresión" que le causó el imputado y porque consideró que no entorpecería la investigación.
El incidente fue caratulado como "abuso sexual ultrajante doblemente agravado", que contempla penas de entre 8 a 20 años de prisión. El fiscal Moccia pidió en su momento la prisión preventiva que fue confirmada por la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Martín.
El fallo fue adoptado por la sala 3 de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal de San Martín, que hizo lugar al recurso presentado por el fiscal del caso, Daniel Moccia.
La disposición de Schiavo había sido duramente cuestionada porque en julio del año pasado, y en un fallo similar, benefició a un imputado que un mes después violó el sistema de "pulsera electrónica", salió de su casa y asesinó a un matrimonio y a sus dos hijos en Los Cardales.
Con la nueva medida, el gendarme procesado por los abusos continuará detenido, ya que a pesar de la consideración del juez Schiavo no había sido liberado aún, justamente a raíz de la apelación del fiscal de Instrucción número 23 de Malvinas Argentinas, Moccia.
Schiavo había fundamentado la medida en la "impresión" que le causó el imputado y porque consideró que no entorpecería la investigación.
El incidente fue caratulado como "abuso sexual ultrajante doblemente agravado", que contempla penas de entre 8 a 20 años de prisión. El fiscal Moccia pidió en su momento la prisión preventiva que fue confirmada por la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Martín.
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