Detienen por malversación a la esposa de un sindicalista
Es la mujer de Marín, que goza de eximición de prisión. Tres empleados de Educación, también detenidos
| 19 de Agosto de 2010 | 00:00
La esposa de un sindicalista platense quedó detenida ayer por orden de la justicia penal, imputada en la causa en la que su marido a su vez está sospechado -con pedido de detención en suspenso- de haberse construido una casa en Gonnet con materiales y mano de obra de la dirección General de Cultura y Educación bonaerense.
Fuentes judiciales indicaron que, por pedido de los fiscales que investigan el caso y con el consentimiento del juez de Garantías Juan Pablo Masi, se concretó la detención de la imputada, bajo sospecha de que sería partícipe primario del delito de presunta "malversación de caudales públicos".
Cabe mencionar que partícipe primario es quien forma parte en la ejecución del hecho delictivo, o presta una colaboración al autor o autores sin la cual hubiera sido imposible cometer el ilícito, y recibe la misma pena establecida para el delito.
La detenida es Mailín María Herrera, la mujer Fernando Luis Marín, empleado de la dirección de Servicios Generales de Educación y sindicalista de UPCN, aunque el año pasado fue expulsado del gremio y ahora estaría vinculado a otra entidad gremial, precisaron los voceros consultados. Herrera sería la propietaria formal de la casa presuntamente construida con materiales del Estado.
Por la misma imputación también quedaron detenidos los empleados de la cartera educativa Francisco López, Hugo Marfil y Jorge Guzmán. Y a otros tres imputados se les ordenó la misma medida de coerción, pero por ahora quedó en suspenso porque presentaron pedidos de eximición de prisión, que ahora son analizados por el juez Masi.
A Marín, por su parte, en su momento se le concedió la eximición de prisión bajo fianza de 50.000 pesos; medida que fue revocada por la Cámara Penal platense, aunque se encuentra recurrida en Casación, y mientras tanto el sospechoso puede permanecer en libertad.
En la apelación, el fiscal Paolini había explicado que "la gravedad de los hechos investigados -construcción de una vivienda particular con fondos y mano de obra del Estado provincial-, debería constituir obstáculo suficiente para la concesión del beneficio cuestionado", ya que llegado el caso, a Marín le correspondería ir preso, ya que el delito que le imputan -"malversación de caudales públicos"- es penado con 2 a 10 años de reclusión o prisión.
ANTECEDENTES
Los voceros consultados revelaron que la investigación comenzó el año pasado a partir de la denuncia de un empleado de Educación, contra un compañero de trabajo. En esa presentación se indicó que Marín habría logrado construir o ampliar su casa, de importantes dimensiones, en calle 5 y entre 504 y 505.
En la causa un testigo indicó que hasta esa casa vio llegar una cuadrilla de albañiles, techistas y electricistas en dos camionetas Trafic que estaban también cargadas con materiales y herramientas de la repartición, dependiente de Educación bonaerense, precisaron los voceros.
Los fiscales de la Unidad Funcional de Investigaciones Complejas (UFIC) de La Plata, Esteban Lombardo, Jorge Paolini y Victoria Huergo, dispusieron en su momento un procedimiento en la casa de Marín y realizaron pericias, en las que se habría determinado que esa casa tiene materiales del Estado y que para hacer la obras presuntamente trabajaron empleados de Educación, con herramientas, vehículos y maquinarias de ese organismo provincial.
Fuentes judiciales indicaron que, por pedido de los fiscales que investigan el caso y con el consentimiento del juez de Garantías Juan Pablo Masi, se concretó la detención de la imputada, bajo sospecha de que sería partícipe primario del delito de presunta "malversación de caudales públicos".
Cabe mencionar que partícipe primario es quien forma parte en la ejecución del hecho delictivo, o presta una colaboración al autor o autores sin la cual hubiera sido imposible cometer el ilícito, y recibe la misma pena establecida para el delito.
La detenida es Mailín María Herrera, la mujer Fernando Luis Marín, empleado de la dirección de Servicios Generales de Educación y sindicalista de UPCN, aunque el año pasado fue expulsado del gremio y ahora estaría vinculado a otra entidad gremial, precisaron los voceros consultados. Herrera sería la propietaria formal de la casa presuntamente construida con materiales del Estado.
Por la misma imputación también quedaron detenidos los empleados de la cartera educativa Francisco López, Hugo Marfil y Jorge Guzmán. Y a otros tres imputados se les ordenó la misma medida de coerción, pero por ahora quedó en suspenso porque presentaron pedidos de eximición de prisión, que ahora son analizados por el juez Masi.
A Marín, por su parte, en su momento se le concedió la eximición de prisión bajo fianza de 50.000 pesos; medida que fue revocada por la Cámara Penal platense, aunque se encuentra recurrida en Casación, y mientras tanto el sospechoso puede permanecer en libertad.
En la apelación, el fiscal Paolini había explicado que "la gravedad de los hechos investigados -construcción de una vivienda particular con fondos y mano de obra del Estado provincial-, debería constituir obstáculo suficiente para la concesión del beneficio cuestionado", ya que llegado el caso, a Marín le correspondería ir preso, ya que el delito que le imputan -"malversación de caudales públicos"- es penado con 2 a 10 años de reclusión o prisión.
ANTECEDENTES
Los voceros consultados revelaron que la investigación comenzó el año pasado a partir de la denuncia de un empleado de Educación, contra un compañero de trabajo. En esa presentación se indicó que Marín habría logrado construir o ampliar su casa, de importantes dimensiones, en calle 5 y entre 504 y 505.
En la causa un testigo indicó que hasta esa casa vio llegar una cuadrilla de albañiles, techistas y electricistas en dos camionetas Trafic que estaban también cargadas con materiales y herramientas de la repartición, dependiente de Educación bonaerense, precisaron los voceros.
Los fiscales de la Unidad Funcional de Investigaciones Complejas (UFIC) de La Plata, Esteban Lombardo, Jorge Paolini y Victoria Huergo, dispusieron en su momento un procedimiento en la casa de Marín y realizaron pericias, en las que se habría determinado que esa casa tiene materiales del Estado y que para hacer la obras presuntamente trabajaron empleados de Educación, con herramientas, vehículos y maquinarias de ese organismo provincial.
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