El Gobierno volvió a pedir a Griesa que reponga la medida cautelar

La Argentina presentó ayer un memorándum al juez Thomas Griesa, en el que solicitó al magistrado que reponga una medida cautelar que permita el pago a bonistas regulares y respaldó los pedidos de aclaración requeridos por los bancos intermediarios.

Griesa convocó para hoy a las 10:30 sólo a las entidades que son agentes de pago y a los holdouts, quienes habían requerido precisiones sobre el alcance de su orden al Banco de Nueva York de mantener inmovilizados en Buenos Aires los fondos depositados por la Argentina para pagar títulos reestructurados.

CLAUSULA RUFO

Fuentes del sector privado consideraron que “la Argentina teme más a la cláusula RUFO que a cualquier default, técnico, parcial o como se llame”, evaluaron y por lo tanto siguen presionando a Griesa para que permita los pagos que se retienen desde que fueron depositados a fines de junio pasado.

La situación tuvo un correlato negativo en los mercados, ya que los papeles argentinos volvieron a bajar en sus precios, por lo que los bonos volvieron a presentar rendimientos importantes.

Los abogados de la Argentina sólo podrán concurrir a la audiencia como observadores, pero fuentes del ministerio de Economía informaron que los abogados del país estarán presentes en el juzgado de Griesa como letrados de parte.

En el memorándum, los abogados del estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, Carmine Boccuzzi y Jonathan Blackman solicitaron “una medida cautelar, junto con la protección adecuada y suficiente, de la República contra el riesgo RUFO”. También solicitaron que la Corte otorgue “la aclaración a los tenedores de Eurobonos, Euroclear y Clearstream y negar el pedido de reconsideración de los demandantes”.

Además, argumentaron que se debería aplicar una “medida cautelar (stay)” para que los bonistas que ingresaron en el canje puedan cobrar sus acreencias. Al mismo tiempo, el documento puntualizó que “la resolución de la causa está sujeta a varios impedimentos legales” e hizo mención a la denominada cláusula RUFO, mediante la cual si se hiciera una oferta mejor a quienes quedaron fuera del canje antes del 31 de diciembre de 2014, esa oferta deberá ser igualada a quienes sí entraron en el canje, lo que dispararía costos multimillonarios para el país y litigios de mucha duración.

El escrito de la Argentina dio cuenta además que los funcionarios que aprobaran el pago a los holdouts que disparara la cláusula RUFO, “estarían sometidos a cargos criminales” de acuerdo con las leyes de la Argentina.

El escrito menciona que “aunque es posible enmendar el canje para que no se pueda accionar la cláusula RUFO, esto requeriría de una consentimiento por escrito de una mayoría especial de al menos 75 por ciento del monto de capital pendiente de cada serie de los bonos emitidos, lo cual torna ese requisito extremadamente difícil de obtener, particularmente porque la cláusula RUFO fue demandada por los acreedores para su protección”.

El documento subraya que “por lo expuesto, la Corte debería levantar los interdictos y proveer un paraguas legal, para que la República pueda, mediante un diálogo productivo, resolver el litigio”