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Por JOSE PICON (*)
El equipo económico de María Eugenia Vidal lo venía advirtiendo. Aún sin contar con el detalle de los números, proyectaba que la nueva gestión se iba a encontrar con una herencia pesada: la falta de fondos para pagar a los empleados estatales los sueldos de diciembre y el aguinaldo.
Esas dificultades terminaron por confirmarse hace unos días, cuando la gobernadora electa visitó a Daniel Scioli y su equipo y se topó con que sus temores se habían convertido en realidad.
Por estas horas los futuros funcionarios de Vidal trabajan para concretar una salida rápida a esa encerrona: que la Nación realice un aporte no menos a los 15 mil millones de pesos para poder cumplir con parte de esos pagos.
Se descuenta que Mauricio Macri ordenará sin titubeos asistir a la Provincia y que los cerca de 600 mil empleados públicos podrán cobrar el aguinaldo antes de Navidad y el sueldo del mes que viene desde los primeros días de enero.
Pero ese respaldo por demás previsible no despeja el horizonte de nubarrones. A Vidal la espera una larga lista de intendentes que le piden lo mismo que ella solicita de Macri: aportes de fondos para cumplir con sus trabajadores.
Municipios grandes y chicos están en esa situación, cambien o no de signo político a partir de los resultados de las elecciones de octubre. Los problemas financieros son, en territorio bonaerense, más extendidos de lo que podría suponerse.
Apenas asuma, Vidal deberá desentrañar otra madeja: la que supone la deuda con proveedores que deja el gobierno saliente. Se sabe que la mandataria electa resolvió hacer un relevamiento de la situación. Y en el horizonte ya se dibuja la posible emisión de un bono para saldar parte de esa obligación que todavía no puede cuantificar.
Sólo para tomar dimensión de estas obligaciones, trascendió que los transportistas escolares reclaman una deuda de cerca de 200 millones de pesos. Los proveedores de comedores escolares aseguran que tienen acreencias por otros 600 millones.
Encontrar respuestas para la delicada situación financiera bonaerense demandará el aval de la Legislatura. En busca de gobernabilidad para al menos el primer año de gestión, el macrismo acaba de abrochar un acuerdo político con Sergio Massa.
Para ello debió resignar la aspiración de presidir la Cámara de Diputados que quedará en manos del massista Jorge Sarghini.
El ex ministro de Economía será el futuro titular de la Cámara baja por un año, para después darle lugar al macrista Manuel Mosca, el legislador oriundo de Bolívar y dirigente de confianza de la gobernadora electa.
Ese lapso no es casual: es el tiempo de gracia que Massa está dispuesto otorgar al nuevo gobierno tanto a nivel nacional como provincial. Luego, la convivencia se tornará más compleja porque el tigrense se imagina compitiendo en la Provincia contra Cambiemos, acaso, como candidato a senador nacional.
Ese cierre garantiza mayoría pero no salvoconducto. El nuevo gobierno logrará así desplazar al Frente para la Victoria del pináculo del poder de la Cámara, pero demandará de su concurso, por ejemplo, para aprobar los endeudamientos que la gestión por venir prevé incluir en el proyecto de Presupuesto.
El FpV garantiza los dos tercios necesarios para abrir esa puerta que otorgará a Vidal una herramienta clave de gestión. La primera minoría peronista, con 36 legisladores sobre un total de 92, sigue teniendo un poder de fuego considerable.
Ese dato es insoslayable: el nuevo gobierno provincial prevé abrir espacios al massismo en diversos organismos y directorios que tienen representación opositora como parte del acuerdo de gobernabilidad. Lo propio deberá hacer con el FpV.
Mientras tanto, Vidal sigue dando forma a su gabinete que ya muestra dos aspectos distintivos. En primer lugar, la futura gobernadora se inclinó por una mayoría de técnicos con experiencia de gestión en el gobierno porteño. En segundo término, resolvió que las líneas directrices de su administración pasen por el núcleo del macrismo.
Habrá lugares en el gabinete para dirigentes del radicalismo, pero en ninguno de ellos se escribirán los aspectos relevantes de la gestión que Vidal pretende llevar adelante.
La UCR todavía debate internamente la danza de nombres que ofrecerá como menú a los negociadores del PRO. Y lo hace en medio de una fuerte tensión interna.
El último jueves trascendió que esa disputa estalló en un encuentro que los negociadores radicales entablaban con la mano derecha de Vidal, Federico Salvai. El futuro ministro de Gobierno vivió en carne propia, comentan, lo duras que pueden ser las rencillas en el centenario partido.
El vicegobernador Daniel Salvador, Federico Storani y el alfonsinismo, empujan para colocar nombres propios en el equipo bonaerense. El ministerio de Salud -que le tocaría a la UCR en el reparto- es objeto por estas horas de intensos tironeos.
Cuentan que el ex diputado Luis Blanco, empujado por Salvador, no estaría pasando el filtro de la cúpula del PRO. Rápido de reflejos, Storani anotó a los platenses Marcelo Uriarte y Claudio Pérez Irigoyen como alternativas. Ricardo Alfonsín movió los hilos para terciar con Alejandro Armendáriz, el todavía diputado provincial e hijo del ex gobernador.
Esa tensión se traslada a otros ámbitos donde hay espacios de poder en juego. Hay una puja sorda por las segunda líneas que quedarán vacantes en la Asesoría General de Gobierno. Allí, en principio, permanecería el ex denarvaísta Gustavo Ferrari. Pero hay quienes apuestan a que el ex diputado nacional se aprestaría a iniciar una continuidad efímera.
Varios radicales buscan quedar a tiro de quedarse con ese organismo si es que, como se dice, lo de Ferrari no se extiende mucho en el tiempo.
(*) Periodista de la sección Política
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