Los requisitos para acceder a la tarifa social de electricidad

El Gobierno nacional amplió hoy  las medidas para el futuro incremento en la tarifa de la luz y, en  el marco del sistema de distribución del servicio, dispuso la  eliminación del Programa de Uso Racional de la Energía Eléctrica  (PUREE), ordenó a las empresas Edenor y Edesur implementar la  facturación mensual del servicio y que haya una tarifa social para sectores  de menores recursos.    

Según el anexo 1 de la Resolución, serán sujetos  potencialmente beneficiarios de la tarifa diferenciada los jubilados y  pensionados que perciban:

- "Un monto equivalente a dos veces el haber mínimo  nacional"; 
- "Personas con empleo en relación de dependencia, que  perciben una remuneración bruta menor o igual a 2 Salarios Mínimos  Vital y Móvil (SMVM)"; 
-"Ser titular de programas sociales".    
- Quienes estén inscriptos en el Régimen de  Monotributo Social"; 
-"Quienes estén incorporados en el Régimen Especial de  Seguridad Social para empleados del Servicio Doméstico"
-"Quienes  perciban el seguro de desempleo"
-"Aquellos con certificados de  discapacidad"

A su vez, podrán ser excluidos de la tarifa social por los siguientes motivos:

- Cruce por padrón de fallecidos
- Registro de propiedad Inmueble —quedará excluido cuando sea titular de más de un inmueble
- Padrón de Automotores —quedarán excluidos aquellos cuyos modelos tengan hasta 15 años de antigüedad
- Embarcaciones de lujo —quedarán excluidos quienes posean aeronaves o embarcaciones de lujo

Además, a través de la Resolución 7/2016 del ministerio de  Energía y Minería publicado hoy en el Boletín Oficial, se instruye al  Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) para que  efectúe "un ajuste del valor agregado de distribución en los cuadros  tarifarios" de esas empresas que brindan el servicio en la Capital y  el Gran Buenos Aires.    

La medida se suma a lo dispuesto ayer por el Gobierno que  determinó los nuevos precios "de verano" en el Mercado Mayorista  Eléctrico, que regirán entre febrero y abril, con incrementos de hasta  el 345 por ciento.    

El artículo 1° de la Resolución establece el inicio del  incremento de valores para las empresas distribuidoras de la energía  eléctrica, que se verá directamente reflejada en lo que abonarán los  usuarios, "a cuenta de la Revisión Tarifaria Integral (RTI)", lo  que deja en claro que habrá nuevos aumentos.   

En ese sentido, explica que "se hace necesario introducir  ajustes a los valores de los cuadros tarifarios vigentes para la  prestación del servicio de distribución, que permitan incrementar los  ingresos de EDENOR S.A. y EDESUR S.A. a efectos de mejorar la  calidad de dicha prestación".    

Además, aclara que "el reajuste a aplicar sobre el cuadro  tarifario vigente" de las distribuidoras "no constituye un cuadro  tarifario resultante de la aplicación del proceso de Revisión  Tarifaria Integral (RTI), ni la implementación de un nuevo cuadro  tarifario, sino la adecuación del existente al reajuste semestral  pendiente".    

La Resolución, que lleva la firma del ministro de Energía,  Juan José Aranguren, deja sin efecto en su artículo 6 el PUREE, el  programa implementado en 2004 por el entonces presidente Néstor  Kirchner, que tenía por objetivo fomentar el ahorro de energía a  través de bonificaciones para los usuarios que redujeran el consumo.    

En los argumentos de la medida, el Gobierno también hace una  dura crítica a la gestión de Cristina Fernández en el área, al  afirmar que "implicó la ausencia de un esquema tarifario que brindara  señales hacia un consumo eficiente y racional para los distintos  segmentos y tipos de usuarios".    

Según la norma, el régimen "alteró criterios de justicia  distributiva en la asignación de los recursos públicos favoreciendo a  los usuarios de las distribuidoras que actúan bajo jurisdicción  federal en desmedro de los habitantes del resto del país".    
Además, explica que "los niveles de subsidio aplicados al  consumo de energía eléctrica han alcanzado valores que ponen en juego  su financiamiento", y afirma que tiene "una extensión en cuanto a  los beneficiarios que desvirtúa la naturaleza de la medida y  colocan en riesgo la sustentabilidad de la industria eléctrica".    

"La aplicación de subsidios en la forma descripta no favorece  la correcta orientación de los comportamientos de las  distribuidoras, resultando ello en la ausencia de inversiones suficientes,  unida a una deficiente planificación en el ámbito de la distribución  de energía eléctrica, que profundizó los inconvenientes derivados  de una falta de renovación de redes e insuficiente expansión de  las mismas para acompañar el incremento de la demanda", agrega.     

Por otro lado, la medida establece que el Consejo Nacional de  Coordinación de Políticas Sociales, que depende de la Presidencia  de la Nación, intervenga en la elaboración del sistema de  aplicación de la tarifa social.