Crece la polémica por los “pedidos de DNI” a ciudadanos de parte de la Policía

Mientras el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Martín Ocampo, garantizó ayer que la policía no podrá detener a alguien “por portación de cara” a partir de la resolución judicial que la habilita a requerir a los ciudadanos la exhibición del documento de identidad (DNI), representantes de ONGs y dirigentes de izquierda cuestionaron la medida y alertaron sobre posibles “fines persecutorios” o de “extorsión” de las fuerzas.

“El fallo -aseguró Ocampo- lo que hace es encontrar ese justo medio entre la actividad policial, las políticas de seguridad, y el derecho del ciudadano a andar circulando libremente por la ciudad sin tener que ser interferido”, al referirse a la resolución del Tribunal Superior de Justicia porteño que determinó que la policía tiene la potestad de requerir la exhibición del DNI con finalidad de prevención del delito y sin violar garantías constitucionales.

Sin embargo, la presidenta del Centro de Estudios en Política Criminal (CEPOC), Claudia Cesaroni, apuntó que “no existe ninguna norma legal que obligue a los ciudadanos a portar el DNI”, mientras que el legislador porteño Marcelo Ramal (FIT) alertó que la medida judicial podrá ser ejercida “con fines persecutorios o, incluso, de extorsión”.

En medio de la polémica, Ocampo advirtió que si durante un procedimiento un policía “se sobrepasa, hace lo que no tiene que hacer, incumple la ley o hace abuso de su posición de autoridad, tiene que tener sanciones”.

El ministro porteño manifestó también que, en realidad, “ese fallo es una limitación a la actividad policial”.

Como contrapartida, Ramal evaluó que “la resolución del Tribunal es un cheque en blanco a la policía, que podrá ser ejercido con fines persecutorios o incluso de extorsión. La medida es un retorno agravado a los tiempos de los edictos policiales que rigieron en el pasado, sobre todo durante la dictadura”.

Del mismo modo, desde la CEPOC, Claudia Cesaroni explicó que la facultad que se otorga a los efectivos “surge de la ley orgánica de la Policía Federal y ha sido discutida en muchas ocasiones por su carácter discriminatorio y estigmatizante”.

La dirigente aclaró que el eje central de la discusión radica en los parámetros que utilizan las fuerzas de seguridad para demorar a una persona para su posterior identificación porque, sostuvo, “no lo hacen al azar, como dice el fallo”.