Un reclamo que desafía a los Poderes del Estado

El reclamo de “seguridad y justicia” interpela -quizá como pocos otros- a los tres Poderes del Estado. Ni las policías; ni las cárceles; ni las leyes ni los jueces. Ninguno de esos actores, por sí solo, alcanza para revertir el drama de la inseguridad. Todos ellos -y otros también- deben conjugar esfuerzos y compromisos para dar respuesta a un reclamo que la ciudadanía viene expresando desde hace muchos años de distinta forma.

No hay duda de que una de las demandas fuertes está orientada a una función policial más eficiente, contenedora y transparente. Pero también está claro que otra exigencia apunta contra la célebre “puerta giratoria” y contra el garantismo o defensorismo mal entendido.

Hay, al mismo tiempo, una demanda de leyes más ajustadas para combatir este flagelo. Ahora mismo se ha empezado a discutir en la Provincia una reforma del Código Procesal que propone poner el acento en el rol de las víctimas, otorgándoles más poder y protección.

Plantear una verdadera política de Estado contra la inseguridad es un desafío de coordinación: entre los distintos Poderes, las diferentes jurisdicciones y los distintos eslabones del problema. No alcanza, por ejemplo, con el intento de sanear y profesionalizar a la Policía si, al mismo tiempo, no se hace algo parecido con el sistema penitenciario. Las cárceles bonaerenses, por ejemplo, se han convertido en “fábricas de reincidentes”, cada vez más alejadas de proponer la reinserción social de individuos que hayan cometido delitos.

Tampoco hay leyes que alcancen sin jueces comprometidos en la lucha contra la inseguridad y con una Justicia sin recursos técnicos, profesionales y económicos suficientes.

El problema de la inseguridad ni es un problema de la Provincia ni de la Nación; no es un problema del Conurbano bonaerense ni de Rosario. Es una tragedia argentina. Es un desafío que debe comprometer a todo el aparato estatal, sin tironeos ni mezquindades; con objetivos claros y trabajo coordinado.

Por supuesto, la inseguridad no es un problema que se pueda ni se vaya a resolver en poco tiempo. Lo que se necesita es un rumbo y empezar a caminar en la dirección correcta. Harán falta medidas de coyuntura y planes de largo alcance. Encontrar ese equilibrio es un desafío fundamental.

No se puede apostar sólo al largo plazo sin preocuparse por lo que pasa ahora mismo. Tampoco se puede correr detrás de la emergencia sin una política consistente cuyos resultados no se verán en poco tiempo.

El reclamo de las víctimas -expuesto ayer frente al Congreso- habla, en definitiva, de este complejo desafío. Se reclama a la Justicia, a los legisladores, a los Ejecutivos nacional y provinciales. Se reclama medidas de coyuntura, pero también programas y políticas de largo alcance.

En la escucha atenta de las víctimas se pueden encontrar muchas respuestas. Reclaman desde el dolor. Pero reclaman para que no les pase a otros. De eso se trata.