La denuncia que motorizó la investigación

El viernes 1º de abril se destapó la olla. Aquel día, un grupo de auditores de Asuntos Internos estuvo en la sede de la Jefatura Departamental La Plata. Al cabo de un puñado de horas, se retiró de esas oficinas con 36 sobres que contenían 153.700 pesos en total.

Sobre el motivo de la diligencia hubo distintas versiones. Algunos hablaron de “un procedimiento de rutina” y otros dijeron que “fue una derivación del escándalo que significó la detención de un efectivo de la comisaría primera”. Se referían a Patricio Masana, imputado por el robo en la casa del intendente Julio Garro.

Sin embargo, los voceros del caso explicaron por entonces que el operativo fue impulsado por una denuncia anónima, radicada en febrero pasado en la fiscalía de Marcelo Martini, que hizo referencia a supuestos movimientos de sobres en el edificio policial de la calle 12 entre 60 y 61, con abultadas sumas de dinero. Por esa presentación, el fiscal le dio intervención a la Dirección de Asuntos Internos.

Ese dinero, siempre en base a la información recibida por este diario, “se encontraba repartido en unos 35 sobres cerrados y uno abierto”, a razón de poco más de 4.260 pesos por cada uno de ellos. Al parecer, varios estaban rotulados con el nombre de una dependencia policial.

La sospecha de una “ruta informal de dinero”, desde las bases de la estructura policial hacia los sectores más encumbrados “es lo que le quita el sueño a más de uno”, graficó una persona con acceso al expediente.

El escándalo se disparó en los medios unos días después. Tres semanas más tarde del hallazgo de los sobres, la Justicia Penal ordenó la detención de cinco policías presuntamente implicados por la aparición de ese dinero.

La jueza de garantías Marcela Garmendia avaló en su totalidad la investigación del fiscal Marcelo Martini e hizo lugar a su pedido de arresto para el ex titular de la dependencia, comisario mayor Darío Camerini; a quien cumplía el rol de segundo jefe, Rodolfo Carballo; al secretario, Walter Skramowskyj; al jefe de operaciones, Ariel Huck; y a la oficial administrativa, María de los Angeles Ramírez.

Sin embargo, ninguno de ellos fue preso, por un fallo de la Cámara de Casación.

Un mes y medio después del estallido del escándalo, fuentes oficiales deslizaron que se estaría ante una práctica recaudatoria que, pese al enorme revuelo que provocó este caso, seguiría vigente. Martini sumó una denuncia por la “caja negra”.

En julio se anunció que en agosto unos 35 efectivos policiales, que desempeñan tareas en distintas seccionales de La Plata -algunos de alto rango- debían pasar por la Asesoría de Tribunales para formar cuerpo de escritura.

El origen de toda la investigación habría tenido como puntapié el robo en la casa de Garro, sucedido un mes antes del hallazgo en la Departamental. Como el detenido fue un suboficial de la Bonaerense, a partir de esa captura se comenzó a rastrear con mayor rigurosidad la forma de proceder de la Policía.