Rajoy, listo para suspender la autonomía regional de Cataluña

MADRID.- El Gobierno español instó ayer al Ejecutivo catalán a explicar si declaró o no una independencia unilateral, algo que llevaría a la aplicación en “cuestión de días” de medidas de intervención extraordinarias contempladas en el artículo 155 de la Constitución (ver aparte).

En el caso de una respuesta positiva, el ultimátum se amplía hasta el jueves 19 de octubre para que el Govern (gobierno catalán) “revoque” la declaración y evite la aplicación del artículo.

“El Consejo de Ministros ha acordado esta mañana (por ayer) requerir formalmente al Gobierno de la Generalitat para que confirme si ha declarado la independencia de Cataluña, al margen de la deliberada confusión creada sobre su entrada en vigor”, afirmó el presidente Mariano Rajoy, abriendo por primera vez la puerta a la aplicación de las temidas medidas.

El martes, el presidente catalán, Carles Puigdemont, anunció en el Parlamento regional que asumía el mandato para declarar la independencia, pero segundos después pidió una suspensión de la declaración para intentar abrir un cauce de negociación y desactivar las tensiones.

“Este requerimiento, previo a cualquiera de las medidas que el Gobierno puede adoptar al amparo del artículo 155 de nuestra Constitución, pretende ofrecer a los ciudadanos la claridad y la seguridad jurídica que requiere una cuestión de tanta importancia”, dijo Rajoy en una breve comparecencia en la que insistió en que buscará el mayor consenso parlamentario.

Rajoy señaló que la respuesta “marcará el futuro de los acontecimientos en los próximos días” y destacó que Puigdemont “tiene la oportunidad de atender al clamor y a los pedidos que desde tantos ámbitos se le han hecho llegar para recuperar la convivencia y seguridad jurídica”.

El requerimiento al presidente catalán es el paso previo para aplicar cualquier medida amparándose en el artículo 155, nunca utilizado en la corta historia de la democracia española y que indica que, si una región no cumple con sus obligaciones o actúa gravemente contra el interés general del país, el Gobierno puede adoptar medidas para su cumplimiento forzoso.

Aunque no detalló qué consecuencias podría tener una contestación negativa, la aplicación de medidas extraordinarias podría propiciar en última instancia la convocatoria de unas elecciones anticipadas en Cataluña de difícil vaticinio, ante la enorme división existente en la sociedad catalana.

El Gobierno central rechaza cualquier negociación mientras las autoridades catalanas no abandonen el terreno de la ilegalidad. En su discurso del martes, Puigdemont justificó el inicio de los trámites para la declaración de la república catalana de acuerdo a una ley regional y un referéndum que fueron suspendidos por el Tribunal Constitucional (TC).

REFORMA CONSTITUCIONAL

Pese a sus diferencias con el Gobierno conservador del Partido Popular (PP), la principal formación opositora, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) secundó sin reservas la decisión del Ejecutivo y su defensa del Estado de Derecho. El líder socialista, Pedro Sánchez, reveló más tarde un acuerdo con Rajoy para que el Congreso debata una modernización y reforma de la Constitución que permita “ver cómo Cataluña se queda en España” dentro del marco legal.

Aprobada en un histórico referéndum y sancionada en 1978, la Constitución española es un símbolo del retorno a la democracia tras casi 40 años de dictadura de Francisco Franco, así como de la unidad de los españoles y del reconocimiento del derecho a la autonomía de las distintas regiones del país, como Cataluña.

Desde 2013, un año después de que estallara el actual conflicto catalán, el PSOE viene bregando por una reforma de la Constitución -resistida por el PP-, en línea con catedráticos que propugnan dar a la Carta Magna un sentido más federal.

El PSOE argumenta que existe amplio consenso social y político acerca de la vaguedad de los lineamientos constitucionales sobre estructura territorial y que en los últimos años ha crecido el descontento con el Estado y el modelo autonómico que alimenta separatismos, sobre todo en Cataluña y el País Vasco.

Independentistas catalanes han reclamado, en concreto, que la Constitución incluya el derecho a decidir la pertenencia de una región al Estado, algo que no está contemplado y que fue el argumento por el cual el Tribunal Constitucional (TC) español declaró ilegal el referéndum del 1 de octubre.

“Compartimos que ha llegado la hora de que reformemos la Constitución”, dijo Sánchez sobre su reunión con Rajoy en el Palacio de la Moncloa, celebrada anteanoche tras la intervención de Puigdemont en el Parlamento catalán. “El acuerdo es que abramos una vía política para abordar la reforma y la modernización de la Constitución” aseguró Sánchez al término de una reunión de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE.

La Constitución española ya tuvo dos reformas, una en 1992 -sobre el derecho de sufragio de los extranjeros en elecciones municipales- y otra mucho más polémica en 2011, cuando se limitó dramáticamente la capacidad de las regiones autónomas de emitir deuda y de superar ciertos niveles de déficit.

La crisis entre España y Cataluña ha provocado agitación en los mercados, el éxodo de sedes de empresas de la región y un creciente interés internacional por el conflicto.