El ministro de Justicia, Germán Garavano, afirmó que el gobierno nacional está “analizando” la situación judicial de la dirigente Milagro Sala, tras su traslado al penal Alto Comedero.
“Tomamos conocimiento de la situación y estoy con el secretario de Derechos Humanos (Claudio Avruj) que está analizando la situación. Veremos porqué ha tomado (esa decisión) la justicia de Jujuy”, dijo Garavano.
En ese marco, el funcionario dijo que el juez Pablo Pullen Llermanos, quien decidió el traslado, es un magistrado “independiente que toma una decisión dentro del marco de sus competencias” y agregó: “veremos cuál fue la razón que motivó esto y cómo evoluciona la situación”.
“El ministerio de Justicia ni el Estado nacional tiene injerencia en la decisión de un juez. A lo sumo se marcarían y harían las presentaciones a la CIDH y al propio Poder Judicial de la provincia si es que se advierte que hay una situación irregular”, consideró Garavano.
Mientras tanto, la filial argentina de la organización defensora de los derechos humanos Amnistía Internacional manifestó su “profunda preocupación” ante el procedimiento realizado por la justicia de Jujuy que determinó el regreso de Sala al penal de Alto Comedero, y calificó esa medida como “ilegal”.
“Advertimos que esta decisión incumple lo establecido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Argentina incurre en responsabilidad internacional al incumplir la medida oportunamente dictada por esa entidad”, señaló Amnistía Argentina a través de una serie de posteos publicados en la cuenta oficial de la organización en Twitter.
La organización cuestionó además el hecho de que los representantes legales de la líder de la Tupac Amaru no hayan sido notificados de la realización del traslado. “La decisión del tribunal jujeño de diferir la notificación a los abogados defensores para evitar que la imputada tome conocimiento anticipado es un hecho ilegítimo y viola el derecho de defensa”, interpretó Amnistía.
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