Por orden de la Justicia, Milagro Sala fue trasladada nuevamente a una prisión

La dirigente social Milagro Sala fue trasladada nuevamente al penal Alto Comedero, en la capital jujeña, desde su propiedad ubicada en la localidad de El Carmen, donde cumplía prisión domiciliaria desde el 31 de agosto, por “incumplimiento” de las condiciones de ese beneficio, según determinó la justicia.

La decisión fue tomada por el juez jujeño Pablo Pullen Llermanos, luego de que Sala se negara el viernes a ser trasladada para realizarse exámenes médicos en un hospital de la capital provincial, a lo que se había comprometido cuando se la benefició con la prisión domiciliaria, en cumplimiento de una medida cautelar dictada por la Comisión Intermaricana de Derechos Humanos (CIDH).

“El juez entendió que Milagro Sala no colabora en cuidar su salud, que era la condición principal por la que dio lugar a su traslado del penal y por ello decidió revocar la resolución”, informaron a Télam voceros judiciales sobre la decisión tomada por el juez, quien se hizo presente a las 7 de la mañana de ayer en el domicilio de Sala para notificarla de su regreso al penal.

El traslado estuvo a cargo del Cuerpo Especial de Operaciones Policiales de la fuerza de seguridad provincial, con intervención de personal del Servicio de Emergencias Médicas de Jujuy.

Desde la organización Tupac Amaru aseguraron que el operativo fue “absolutamente ilegal” y que el traslado se realizó en “autos sin patente” luego de que “irrumpieran en el domicilio y, por la fuerza, se la llevaran en pijama y descalza”.

Por su parte, la abogada defensora de la dirigente social, Elizabeth Gómez Alcorta, expresó su “preocupación” por el hecho y denunció al presidente Mauricio Macri; al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y al juez Llermanos de ser “responsables de la vida” de Sala.

En una rueda de prensa realizada al mediodía en la sede porteña del CELS, la abogada -ex candidata a diputada porteña en las PASO por Unidad Ciudadana- explicó que Sala había solicitado a sus abogados el miércoles pasado que le gestionaran una consulta en una clínica privada por padecer trastornos gastrointestinales.

“Por ley los detenidos están autorizados a pedir atención médica privada”, señaló la abogada al relatar que el viernes unos “50 policías llegaron a su casa sin previo aviso para decirle que debía ir al Hospital Pablo Soria para realizarse estudios, a los que ella se negó argumentando que no había sido notificada y que estaban dispuestos estudios en un centro privado”.

Además denunció que “hombres con las caras tapadas y con itakas, se hicieron presentes de modo violento, le tiraron la resolución al suelo, la golpearon, la esposaron y empujaron a su marido”.

También expresó su preocupación el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Francisco Eguiguren, quien calificó como un “traslado intempestivo” el regreso de Sala a la prisión Alto Comedero y afirmó que esta situación implica un “retroceso”.

“Lo veo con mucha preocupación. Como Comisión dictamos una medida cautelar que planteaba la necesidad de que tuviera una situación distinta a la prisión, como el arresto domiciliario o un arresto con vigilancia”, dijo Eguiguren.