Actuales funcionarios y ex directivos de IOMA, procesados por estafas

El ex presidente de IOMA durante la gestión de Daniel Scioli, Antonio La Scaleia, fue procesado y citado a prestar declaración indagatoria junto a otros 17 actuales directivos y ex funcionarios de la obra social y dos empresarios, en el marco de la causa que investiga estafas millonarias a través de fraudes con internaciones domiciliarias, una maniobra que, entre 2013 y 2015, generó pérdidas al Estado por un monto de 650 millones de pesos, según estiman en la Justicia.

El auto de procesamiento fue firmado por el fiscal Alvaro Garganta, quien lleva adelante la investigación abierta a partir de una denuncia formulada por Elisa Carrió, quien apuntó a IOMA como uno de los organismos desde donde el ex gobernador Daniel Scioli y funcionarios de su gestión desviaban fondos para financiamiento político.

Entre los citados, hay actuales funcionarios, representantes de los gremios UPCN y Suteba en el directorio del organismo, el actual director de Finanzas de IOMA y dos empresarios, sospechados de formar parte del grupo involucrado en la estafa. Todos ellos habían sido blanco de más de veinte denuncias por parte del titular de la Asociación de Profesionales de IOMA (Apioma), Idelmar Seillant.

En el escrito, al que tuvo acceso EL DIA, el fiscal Garganta afirma que hay “indicios vehementes” de que entre mediados de 2013 y fines de 2015, por lo menos 18 personas que se desempeñaban dentro de la obra social y dos empresarios que conducían un grupo de cinco firmas que decían prestar servicios de internación domiciliaria, cometieron fraudes que originaron pérdidas millonarias en las arcas del organismo.

Por la maniobra están apuntados dos empresarios que conducían de hecho un grupo de cinco firmas: Domisalud; Intergemed; Juntos en Casa; Sistemas Operativos de Salud y Cerca Salud. Se trata de Gustavo Baldachis y Ricardo Bianchimano, quienes deberán comparecer ante Garganta los días 11 y 12 de diciembre, respectivamente. Ambos, junto a La Scaleia y los 17 funcionarios y ex funcionarios de IOMA, sostiene el fiscal platense, “crearon un circuito paralelo en relación al trámite de internación domiciliaria” en el que “direccionaron, autorizaron y abonaron” el servicio “a favor de las empresas sindicadas por un valor aproximado de 650 millones de pesos”.

“En este contexto de quebrantamiento del normal desenvolvimiento de la actividad patrimonial de IOMA, y sabiendo que las empresas justificaban la prestación del servicio de internación domiciliaria mediante planillas apócrifas de ‘conformidad y consentimiento’ de los afiliados que no reflejaban el verdadero servicio prestado, las abonaron en su totalidad”, sostiene el fiscal.

La maniobra consta en 78 casos de afiliados a la obra social que figuraron como beneficiarios de servicios de internaciones domiciliarias que nunca recibieron. En virtud de esas denuncias, de las presentaciones de Carrió, de la declaración de Seillant y del testimonio de dos testigos que se presentaron bajo reserva de identidad, el fiscal basó su decisión. En ese marco, Garganta destacó que los hechos “constituyen prima facie los delitos de negociación incompatible con el ejercicio de la función pública”, “peculado de caudales en concurso ideal con fraude en perjuicio de la administración pública”, “uso de documento público falso” y “asociación ilícita”.

UNO POR UNO

El procesamiento y la citación a prestar declaración indagatoria por parte de Garganta tiene como cara visible a Antonio La Scaleia, un médico cirujano que ocupó la presidencia de la obra social que presta servicio a más de dos millones de bonaerenses entre los años 2010 y 2015 y que cosechó decenas de denuncias por irregularidades y estafas en el organismo.

“El Tano”, que deberá presentarse ante la Justicia el lunes 13 de noviembre, fue señalado como el fiscal platense como la persona que estaba al frente de una “compleja estructura delictual destinada a la comisión de varios delitos (...) para poner en funcionamiento un sistema destinado al favorecimiento económico de ciertas empresas”.

El procesamiento alcanzó también a Roberto Jorge Passo, un ex legislador del peronismo muy cercano al ex gobernador Scioli, quien se desempeñó como vicepresidente del organismo y a un íntimo amigo de La Scaleia, Humberto Jorge Pumo, ex director de Recursos Humanos de IOMA.

También fueron procesados y citados por Garganta dos ex vocales integrantes del directorio por los gremios mayoritarios de la Provincia: Luis Angel Pérez, representante de UPCN, y Patricia Viviana Nisembaum, quien ocupó ese cargo en representación de Suteba. Según las denuncias, ambos son cercanos a los conductoros de los gremios, Carlos Quintana y Roberto Baradel, respectivamente. Según la acusación de Seillant, tuvieron participación en las maniobras al prestar la firma para la autorización de módulos de internación domiciliaria a afiliados de sus sindicatos que nunca recibían el servicio.

Hay, en el auto de procesamiento, otros dos ex vocales citados por el mismo motivo: Jorge Giordano, en representación de los retirados del Servicio Penitenciario, y Gustavo Seva, del gremio de municipales. Ambos presentaron renuncias en el marco de las imputaciones que los involucraron por estafas con fondos de IOMA.

Dentro de la estructura de fraude con internaciones domiciliarias, Garganta apuntó a otros ex funcionarios del organismo, como Daniel Burgos, ex jefe de Gabinete de IOMA, su “mano derecha”, Alejandro Víctor Fernández, y Nicolás Vitale. Ellos habrían sido quienes permitían el ingreso de empresas como prestadoras de IOMA, por lo que se sospecha que fueron una pieza clave en las estafas.

El fiscal también puso la lupa sobre una serie de personas que actualmente prestan servicios en IOMA y que continuaron en sus cargos luego de la salida de La Scaleia pese a las numerosas denuncias en su contra por decisión del gobierno de María Eugenia Vidal. Uno de ellos es el actual director de Finanzas de la obra social, Diego Osvaldo Giovanetti, también apuntado como una de los engranajes centrales en las maniobras. Junto a él fueron citados otros empleados del organismo, como Romero Pelayo Aner, María Cecilia Passo (hija de Roberto Passo), María Soledad Cascallares, Sandra Sabbatini y María Celeste Celle, quienes cumplen funciones en el área de Internaciones Domiciliarias, que la Justicia sospecha se creó específicamente para llevar adelante este fraude.