Si bien el acuerdo entre la Nación y la mayoría de las provincias para un nuevo esquema fiscal, claramente representa un avance y un compromiso de los estados provinciales de contener el gasto, en rigor surgen otros desafíos no menores.
Según un trabajo del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), los puntos estratégicos que merecen ser profundizados son la mejora en la calidad de los impuestos y reducir mucho más el crecimiento del gasto público. Un aspecto clave es la baja calidad del sistema tributario argentino. El IVA es un impuesto neutral para la producción y tiene ventajas como permitir su devolución a los exportadores y a quienes invierten (no dañando la competitividad) y a la población más vulnerable (dando progresividad a la distribución del ingreso). También hay que destacar los impactos positivos sobre la distribución del ingreso de los impuestos a las Ganancias y a la propiedad. Pero el resto de los impuestos tienen asociados altos impactos distorsivos tanto porque desalientan la producción y el empleo como porque aportan regresividad a la distribución del ingreso.
En base a información publicada por el Ministerio de Hacienda, para el año 2016 se observa que el IVA recauda 7% del PBI, Ganancias e impuestos a la propiedad recaudan otro 7% y el resto de los impuestos recauda 17% del PBI, entre los cuales se destacan los impuestos al trabajo (7%), Ingresos Brutos (4%) y al cheque (1,6%). Es decir que del 31% del PBI que la Nación y las provincias cobran de impuestos más de la mitad son muy distorsivos
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