Villafañe dijo hace siete meses que “los jueces no podemos adivinar el futuro”

Al describir su tarea, opinó que los seres humanos son “impredecibles” y recalcó además que son “sujetos de derecho”

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José Villafañe, el juez de Ejecución de La Plata que está en medio de una fuerte polémica, por su participación en la causa que permitió la liberación anticipada de un hombre ahora acusado por un crimen del que habla el país entero, dijo en JUSTICIA EN PRIMERA PERSONA (el programa que se emite en IMAGEN PLATENSE, el canal del diario EL DIA), hace siete meses, que “los jueces no podemos adivinar el futuro”.

La declaración hacía referencia a la situación que enfrentan los magistrados a la hora de resolver por la salida de un condenado.

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“Los seres humanos son impredecibles. Y los jueces de ejecución debemos actuar con imparcialidad e independencia”, agregó durante ese envío, que se emitió por la señal de cable local, Imagen Platense.

“Un juez de ejecución debe dar respuesta a la petición de una persona que fue condenada. Lo hace en un sistema acusatorio, después de haber escuchado al fiscal, al defensor, después de tomar evaluaciones y de conocer el informe del Servicio Penitenciario respecto de lo que hace o no hace dentro de la vida carcelaria, y el cumplimiento de la pena. El condenado es un sujeto de derecho”, entendió.

Sobre este aspecto, Villafañe señaló que “se debe dar respuesta jurisdiccional, teniendo en cuenta el análisis de cada caso en particular, porque no todos los casos son iguales, ni todos los condenados son iguales. Pero sí la Constitución es la misma para todos”.

“El que comete un delito debe cumplir una pena que en un estado de derecho como el nuestro tiene un objetivo constitucional. Hay casos que son difíciles respecto de los objetivos de la pena que son la reinserción o la reeducación o el reingreso de ese condenado a la sociedad por más grave que sea el delito. En la Argentina no hay pena de muerte, ni destierro y la cadena perpetua se sujetan al principio de progresividad”.

Analizó sobre el rol del Estado que “se debe garantizar una estructura predispuesta de Justicia para que quienes cometan delitos cumplan una pena que sirva para algo”.

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