La legislatura bonaerense sancionó este mes una ley que establece el Sistema Estadístico Provincial (SEP) para que la provincia de Buenos Aires cuente con un sistema de información estadístico, con soporte informático, que hasta ahora carece.
Será similar al Sistema de Información Universitario, que contiene los números actualizados del funcionamiento de las 47 universidades nacionales del país.
Además, el gobierno provincial viene modernizando - desde que comenzó su mandato, hace dos años- la gestión en materia de licitaciones e informatización de trámites.
La “época de los expedientes en carretilla”, quedarán en el recuerdo, confió un funcionario provincial. Igual que los diskettes de 3 y ½, los fax o las decenas de empleados del área de educación que cargaban la asistencia de los docentes de los 124 municipios de la provincia a mano.
OLA NARANJA PERO SIN INTERNET
Cuando asumió la gobernadora María Eugenia Vidal, el 10 de diciembre de 2016, no tenía computadora ni internet en el despacho. Tampoco había conectividad en la mayoría de las oficinas de sus ministros. De hecho, recordó uno de ellos,“ era más fácil organizar reuniones de Gabinete en las instalaciones del Banco Provincia en la ciudad de Buenos Aires, que en la Gobernación de calle 6”.
La ola naranja que lanzó el ex mandatario provincial, Daniel Scioli, no había llegado al área de informática de la Gobernación.
Para un equipo integrado por muchos funcionarios que se habían formado en el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, una gestión hiperconectada y con programas estadísticos propios, la mudanza a las oficinas de La Plata no solo implicó más kilómetros de distancia de sus hogares, sino una especie de volver al pasado en materia tecnológica.
En febrero de 2016, el ministerio de Coordinación y Control de Gestión de la Provincia hizo un diagnóstico más que contundente: “la provincia tiene un déficit en infraestructura tecnológica que costará millones reparar, superposición de gastos y una absoluta carencia de control de los empleados públicos y las liquidaciones que corren mes a mes a costa del Estado”.
Quedarán en el recuerdo los diskettes de 3 y 1/2, los fax. ¿Y la pila de expedientes?
Y agregó: “la red de datos de la provincia tiene solamente un 18% de fibra óptica, y casi el 60% está cubierto por radio frecuencia. Las redes LAN de los principales edificios tienen más de 20 años, cuando su vida útil, en el mejor de los casos, llega a diez años”, reveló la funcionaria en una entrevista con Apertura. El actual sistema de datos -ineficiente y cuasi obsoleto- y se lleva de las arcas estatales más de $ 300 millones al año”.
Ante esta situación, el gobierno provincial envió a la Legislatura un proyecto de ley de emergencia administrativa, que se aprobó en una escandalosa sesión, con la oposición de los gremios y del Frente para la Victoria, el viernes 20 de mayo de 2016.
Con esta Ley, el Ejecutivo redujo a la mitad los tiempos que insumen los trámites de licitaciones: 6 meses para bienes y servicios y entre 9 y 11 meses para obra pública. La idea era equipar a la Provincia con el sostén tecnológico necesario para que una administración moderna funcione.
La información es poder y, en ese contexto, los gremios se opusieron a la norma. Los trámites en expedientes que los empleados llevan en carritos, son más difíciles de controlar que las estadísticas volcadas en un programa de informática.
Con los meses la conectividad se fue solucionando, y los funcionarios bonaerenses pudieron instalar sus notebooks en los despachos.
Y lentamente, la gestión provincial fue avanzando en materia de licitaciones e informatización de trámites.
SIN DATOS EN EL CONFLICTO DOCENTE
Pero cuando arreciaba el conflicto docente en la Provincia, la Gobernadora le preguntó a Alejandro Finocchiaro, el Director General de Escuelas, cuántos docentes había en la provincia. El ministro no tenía la respuesta, porque carecía de una estadística confiable del funcionamiento de su propia cartera.
“Para algunos gremios, la falta de estadísticas desvanecen el control estatal, que es lo que no quieren”, le dijo a El Día un encumbrado funcionario bonaerense.
Esto fue en mayo de 2017. El 4 de julio siguiente se firmó la paritaria entre los gremios docentes y el gobierno provincial, después de 17 paros que marcaron un récord en el nivel de conflictividad: desde el 2014 los alumnos de la Provincia no tenían tantos días sin clase.
En ese lapso, el gobierno de Vidal solo tuvo estimaciones de los docentes que hicieron paro, de las escuelas que adhirieron y de los alumnos que tuvieron clases a pesar de la medida de fuerza.
Entonces la gobernadora decidió que la provincia de Buenos Aires, la más importante del país, debía contar con un sistema estadístico propio. Y le encargó al ministro de Economía, Hernán Lacunza, una ley que implemente de un esquema estadístico confiable.
La legislatura bonaerense la sancionó este mes, en extraordinarias.
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