Venezuela: tras el incidente del helicóptero, más tensión política

CARACAS.- La tensión en Venezuela recrudeció tras la denuncia de un supuesto complot contra el gobierno de Nicolás Maduro y la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de prohibir a la fiscal general Luisa Ortega Díaz salir del país y congelarle sus cuentas bancarias, tras haberle limitado las competencias. Ortega se declaró ayer en rebeldía contra la Corte, situación que escala el enfrentamiento entre los poderes públicos.

El ministro de la Defensa, general Vladimir Padrino López, condenó el supuesto ataque que realizó el martes un helicóptero contra la sede del máximo tribunal y el Ministerio de Relaciones Interiores y llamó a los venezolanos a través de Twitter a mantener la calma y estar alerta ante la “escalada”.

A los cuestionamientos se sumó el ministro de Relaciones Interiores, mayor general Néstor Reverol, quien responsabilizó al policía judicial Óscar Pérez (36) de pilotear la aeronave desde donde se realizó el “acto terrorista” contra dos organismos públicos, y dijo que las fuerzas de seguridad lo están buscando a él y a otros sujetos armados. Según Reverol, se comprobó una “relación directa” de Pérez y las “agencias de inteligencia” de EE UU, y agregó que en los próximos días darán más información del caso.

Asimismo, las autoridades localizaron en la población costera de Osma, del estado de Vargas, el helicóptero del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) utilizado por Pérez en el ataque a los organismos públicos.

Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional (parlamento), el diputado opositor Julio Borges, se abstuvo de hacer comentarios sobre el supuesto complot y dijo que la coalición opositora analizará el caso. “Hay gente que dice que es un peine (una trampa). Hay gente que dice que es una cuestión real. Sea lo que sea es gravísimo”, agregó Borges.

Los habitantes de Caracas fueron sorprendidos la tarde del martes cuando un helicóptero azul con las siglas del CICPC sobrevoló a muy baja altura algunas zonas del este y centro de la ciudad e hizo varios disparos al aire. Poco después Maduro denunció, durante un acto en el palacio presidencial, un complot contra su gobierno e indicó que desde el helicóptero se habían hechos disparos contra la sede del Tribunal Supremo y se había lanzado una granada que no explotó.

Horas después del incidente, el máximo tribunal, afín al gobierno, difundió una sentencia en la que amplió las competencias de la Defensoría del Pueblo y le dio atribuciones para investigar las violaciones a los derechos humanos, asumir la representación de las víctimas en los procesos penales y acceso a las investigaciones del Ministerio Público. Según expertos, el dictamen es un “fraude” a la Constitución y abre el camino a la anulación y destitución de la fiscal Ortega, quien se enfrentó al gobierno de Maduro al rechazar este mes su iniciativa para reformar la carta magna.