El caso Bru, la última denuncia

El procurador Julio Conte Grand denunció a Fernando Cartasegna por “incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de los deberes del cargo e incumplimiento de promover la persecución y represión”. A esta altura queda claro que la supuesta falsa denuncia por amenazas es el menor de sus problemas.

La causa más grave contra Cartasegna está bajo la instrucción de Alvaro Garganta y es por las graves anormalidades detectadas en el funcionamiento de la UFI 4, con causas retrasadas, faltante de elementos secuestrados y el hallazgo de cocaína y carátulas en blanco.

Por estas causas, Garganta citó a Cartasegna a indagatoria -con fecha en suspenso sujeta al jury- por los delitos de “incumplimiento de deberes de funcionario público, violación de medios de prueba y falsedad ideológica de documentos públicos”, al destacar que, “de las pruebas reunidas”, surgirían elementos como para sospechar que entre el año 2012 y el momento en que el imputado entró de licencia (mayo último) “se detectaron faltantes de elementos que servían de prueba en diferentes causas”, entre ellos unos cincuenta teléfonos celulares, unos 30.000 pesos, 2.000 Guaraníes (moneda oficial de Paraguay) y algunos dólares.

También indicó que esos efectos y otros, como billeteras vacías, algunos DNI, CD,s y cámaras fotográficas, estaban en un armario de la oficina de Cartasegna, al que tenía acceso el titular de la fiscalía 4 y los otros tres imputados: dos funcionarios y una empleada.

A esto debe sumarse otra denuncia que hizo la semana pasada un ex secretario de Derechos Humanos de la comuna Local ante la Procuración bonaerense, que apuntó contra Cartasegna por el posible armado de una “causa Bru paralela”, supuestamente para manejar de “forma irregular” los datos aportados allí por testigos de identidad reservada.

El denunciante, Mario Gianotti, explicó en su denuncia que el 9 de diciembre de 2015 declaró ante el fiscal Cartasegna en la causa que tenía para investigar dónde está el cuerpo de Miguel Bru, el estudiante de periodismo que fue secuestrado, llevado a la comisaría 9 de La Plata y torturado hasta la muerte.

El denunciante aseguró que “nunca se tomó intervención por esa denuncia” y que a raíz de la declaración que hizo sufrió amenazas en 2016, por lo que se le asignó custodia.

Esta causa fue remitida a la fiscalía de turno, a cargo de Betina Lacki.