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El escándalo que envuelve a Julieta Makintach por grabarse durante el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, sumó un nuevo capítulo. El productor del documental “Justicia Divina” presentó un escrito ante la fiscalía de San Isidro que investiga a la magistrada, donde afirmó que la jueza estaba al tanto de la filmación y que el proyecto contaba aproximadamente 800.000 dólares.
José María Arnal Ponti, titular de la productora Ladoble SA, fue categórico: “Desde el minuto cero en que tomé contacto con el proyecto del documental, me fue aclarado por quienes lo ofrecieron que la jueza Makintach estaba en conocimiento del mismo, de su guión y que había prestado conformidad para su realización“, sostuvo ante los fiscales Carolina Asprella, Cecilia Chaieb y José Amallo.
Según el relato de Arnal Ponti, la propuesta para el documental llegó a Ladoble SA en febrero, de la mano de Juan Manuel D’Emilio, un “reconocido creativo publicitario” con quien el productor tiene una relación de veinte años. “La idea del contenido a realizarse, cuando fue presentado a la productora, ya se encontraba plasmada en un guión que fue entregado por D’Emilio“, explicó en su escrito.
Los autores de dicho guión, según Arnal Ponti, eran el propio D’Emilio y su socia, María Lía Vidal Aleman. En un punto crucial que vincula directamente a la magistrada, el productor reveló que D’Emilio le informó desde un principio que Vidal Aleman era “amiga desde la infancia de la jueza Makintach”, una relación de la cual “se habría gestado la idea original” del documental.
Esta revelación es vital, ya que Makintach había minimizado la participación de Vidal Aleman y D’Emilio, aludiendo a una simple entrevista con Vidal Aleman, y negando cualquier vínculo con un proyecto audiovisual de tal envergadura.
Arnal Ponti también se encargó de despejar cualquier sombra de duda sobre la clandestinidad de las grabaciones desde su perspectiva. Afirmó que Makintach “nunca concurrió” ni participó en las reuniones de la productora para el desarrollo del documental. Su primer contacto con la magistrada fue el domingo 9 de marzo pasado, en el mismo edificio de los Tribunales de San Isidro, donde se realizó la primera actividad de grabación.
“El lugar, la hora y el contenido de las imágenes que se grabarían son cuestiones que siempre traté exclusivamente con D’Emilio o con la señora Vidal Aleman. Jamás con la jueza Makintach; nunca tuve su teléfono“, aclaró el productor. Sin embargo, enfatizó que “la presencia en la grabación de -nada menos que- la jueza, el ingreso en un edificio público un día domingo junto y merced a ella, a la vista del personal policial que allí se encontraba, sumado a las filmaciones que de su persona se hicieron en diferentes lugares del inmueble, ratifica que no se trataba, al menos para mí, de una actividad clandestina y mucho menos ‘desautorizada’ o prohibida. Todo lo contrario”.
Además, el 11 de marzo, en el primer día del juicio, acudieron a los Tribunales de San Isidro “para grabar solo imágenes de la jueza Makintach”, una tarea que, según Arnal Ponti, fue “acordada con ella y autorizada por ella, por intermedio de Vidal Aleman y/o D’Emilio”.
El productor explicó también la naturaleza del material que se dio a conocer públicamente y que desató el escándalo. Se trata de un “teaser” y un “WIP” (Work in Progress), es decir, “primigenios armados audiovisuales confeccionados al solo efecto de mostrar la idea que se pretende tenga el documental a realizarse en un futuro” con el fin de obtener financiamiento de inversores en la etapa de “venta” del proyecto.
La sede de Ladoble SA, ubicada en la calle Machain al 4500, en Saavedra, fue allanada el 22 de mayo pasado, momento en que fueron entregados a la Justicia “un guion, un Teaser y un WIP”. Arnal Ponti hizo la salvedad de que los costos de estos materiales “fueron afrontados por la productora”, desvinculando a la jueza de cualquier erogación.
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