Continúa la polémica por la prisión domiciliaria de Milagro Sala en Jujuy

La decisión del juez jujeño Gastón Mercau de otorgar la prisión domiciliaria a Milagro Sala, lejos de derivar en su efectiva excarcelación, como solicitó a fines de julio último una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), derivó en las últimas horas en ásperas controversias, incluso sobre si esa resolución es vinculante y si tiene plazos de cumplimiento obligatorio.

“Yo puedo dormir parada, no necesito ni un colchón”, expresó Sala, líder de la organización Tupac Amaru, sobre la decisión de Mercau, que le otorgó la prisión domiciliaria en un inmueble “destruido y saqueado”, en lugar de hacerlo en su casa, según denunció su defensa, al aceptar con críticas esa resolución, en una conferencia que ofreció hoy en la Capital Federal junto a organizaciones de derechos humanos.

OPINIONES CONTRADICTORIAS

En contraste, el fiscal general de Jujuy, Jorge Lello Sánchez, sostuvo que Milagro Sala “debe seguir detenida donde está”, es decir, en el penal de Alto Comedero, la cárcel de mujeres situada en un barrio periférico de la capital provincial.

A su vez, el juez Pablo Pullen Llermanos -el otro magistrado que debe resolver sobre la prisión domiciliaria de Sala en otras causas- anunció ayer que le parecía bien la casa escogida por Mercau, pero que se tomaría su tiempo para resolver, ya que debía aún recibir “algunos informes” .

Y opinó que “la recomendación de la CIDH no tiene carácter obligatorio, por lo tanto el plazo puede no ser cumplido”.

Sobre este punto, el director de Litigios del CELS, Diego Morales, replicó que la decisión sobre la excarcelación de Milagro Sala adoptada por la CIDH -organismo que integra el sistema de protección de derechos humanos de la OEA- “tiene efecto vinculante y debe ser cumplida por el Estado argentino”, en total discrepancia con Pullen Llermanos.

“Las declaraciones del juez están en abierta contradicción con el pedido expreso de la CIDH, del día 27 de julio”, en la que “le solicitó al gobierno federal que cumpla de inmediato con la decisión del Grupo de Trabajo sobre detenciones arbitrarias, del mes octubre de 2016”, expresó.