El presidente del Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis), Mariano Lovelli, brindó detalles de la acción declarativa de certeza que impulsan desde el organismo que conduce que busca determinar si los aumentos en las tarifas del gas que el gobierno nacional dispuso en abril tienen carácter "inconstitucional”.
Lovelli precisó en JUSTICIA EN PRIMERA PERSONA que esta nueva demanda que impulsa el Cepis a través del juzgado federal Nº 2 de La Plata, cuyo titular es el dr. Adolfo Ziulu, nació luego de que se advirtiera que los aumentos dictados por el Ejecutivo “no se basan en razón alguna”.
Según planteó Lovelli, las dos resoluciones del Ministerio de Energía y Minería con las que se le dio luz verde la suba tarifaria, 212/16 y 74/17, han quedado bajo la lupa luego de que se conocieran los detalles de un informe que YPF brindó a la Securities and Exchange Commission de Estados Unidos (SEC).
En base a este escrito, el Cepis pudo conocer que "el costo del gas en boca de pozo ascendería a 2,09 dólares por millón de BTU (unidad térmica británica), cuando el usuario lo estaría pagando 6,80”.
En esta línea Lovelli agregó que “si YPF, que concentra el 40% del gas que consumimos, aduce un costo de US$ 2,09, se torna irrazonable que el gobierno establezca que el usuario pague US$ 6,80”.
La presentación acompaña información oficial de la petrolera Total, que “produce el 90% del gas nuevo” y declaró inversiones por US$ 2.000 millones entre 2013 y 2015 “con las tarifas viejas”, con lo cual “no era necesario que los usuarios tengamos que pagar US$ 6,80”.
El titular del Cepis requirió que las empresas petroleras “certifiquen la veracidad de la información que nosotros conseguimos en la Bolsa”.
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