Lo trascendente del fallo del juez Negri radica en establecer la responsabilidad del Banco Central, que detenta el denominado poder de policía financiero sobre una actividad que se encuentra totalmente regulada y controlada por el Estado.
El informe contable, destaca el juez comercial, resulta contundente y terminante en señalar la falta de un adecuado y serio contralor (supervisión y vigilancia) de la actividad financiera desarrollada por los directores del BCP.
Con todo, se trata de un fallo en primera instancia que puede ser apelado.
Entre las actividades irregularidades desarrolladas por los directivos se menciona el funcionamiento de la denominada mesa de dinero o banca Offshore en las instalaciones de la entidad, “la que restó una importante cantidad de depósitos tradicionales u operaciones legales, derivadas a operaciones irregulares”.
Cabe destacar que estas operaciones irregulares se efectuaban cuando la entidad tenía una presencia permanente de inspecciones del BCRA y la continua supervisión por parte de la Superintendencia de Entidades Financieras del propio Central.
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