De Vido debe explicar a dónde fueron los fondos para Río Turbio

El juez federal Luis Rodríguez citó a indagatoria para el 28 de noviembre próximo al ex ministro de Planificación Julio De Vido y le prohibió la salida del país en la causa que investiga si se malversaron casi 265 millones de pesos que debían destinarse a la reactivación de la mina de carbón de Río Turbio, según se informó oficialmente.

La decisión implica reactivar la causa por irregularidades en el manejo de fondos públicos vinculados a Yacimientos Carboníferos Río Turbio

Para el juez “es posible advertir que la triangulación contractual realizada entre YCRT (Yacimientos Carboníferos Río Turbio), la Facultad (Regional Santa Cruz) y la Fundación -constituida por miembros de la propia Facultad-, permitieron la disposición de fondos públicos sorteando ‘los diversos controles en materia de contratación’, generando así un perjuicio a las arcas del Estado Nacional”.

se reactiva la causa

La decisión implica reactivar la causa por irregularidades en el manejo de fondos públicos vinculados a Yacimientos Carboníferos Río Turbio, en la que el fiscal Carlos Stornelli había pedido el 4 de julio pasado el desafuero y detención del ex ministro kirchnerista, que hoy es diputado nacional, y de otras 28 personas.

Pero Rodríguez amplió el listado a 36 imputados, entre los que están el segundo de De Vido, Roberto Baratta, el ex secretario de Minería Jorge Mayoral y ex funcionarios de YCRT, como Miguel Larregina y Atanasio Pérez Osuna, algunos de los cuales son funcionarios del gobierno de Alicia Kirchner en Santa Cruz.

Las indagatorias, que comienzan el 3 de octubre y cierran el 28 de noviembre con De Vido, se activaron luego de un fallo que dictó el miércoles pasado la Cámara Federal, donde instó a agilizar las citaciones de los imputados y el juez Martín Irurzun llamó a ampliar los parámetros de evaluación a la hora de considerar la excarcelación de un imputado por corrupción. El 4 de julio pasado el fiscal Stornelli había pedido la indagatoria, desafuero y detención de De Vido y el arresto de otra veintena, pero el juez Rodríguez entendió que no había elementos para llamarlos a declarar y, tras imponer el secreto de sumario en la causa, dispuso que se realizara una batería de medidas de prueba en base a más información.

Rodríguez publicó ayer, a través del Centro de Información Judicial (CIJ), las medidas que dispuso en ese momento y también la resolución (con fecha de ayer) donde -en 30 páginas- hace alusión a los resultados de esos informes y resuelve las citaciones a indagatorias, la prohibición de salida del país y la orden al Ministerio de Interior, a cargo de Rogelio Frigerio, de no tramitar ningún pasaporte de los mencionados en la causa.

una fundacion en la mira

También ordenó la intervención de la Fundación Facultad Regional Santa Cruz, que dependía de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y que aparece en la cadena de convenios celebrados con Yacimientos Carboníferos Río Turbio para asesoramiento, capacitaciones y obras. Se supone que a través de esa seguidilla de convenios se pagaron sobreprecios que rondaron los 265 millones de pesos.

La investigación alcanza además a un grupo de contrataciones relacionadas con el “Tren Turístico del Yacimientos Carboníferos Río Turbio”, también llamado “Tren Histórico Eva Perón”.

“Las pruebas reunidas por este Tribunal han permitido corroborar -con el grado de probabilidad que esta etapa procesal exige- que los contratos celebrados no respondieron a la realidad económica de las relaciones entre las partes, y habrían sido los instrumentos utilizados por los imputados para obtener fraudulentamente recursos del Estado Nacional”, dijo Rodríguez.

Incluso, el juez hizo hincapié en “el destino que la Fundación otorgó a los fondos que manejaba y, entre otros aspectos, se advirtió que adquirió a fines del año 2013 un inmueble en el partido de San Isidro -que a la fecha destina a locación y percibe un alquiler mensual-; que posee millonarias inversiones en productos bancarios y que emitió numerosos cheques a personas físicas que fueron cobrados por caja”. Inhibió así los bienes de esa fundación por entender que “los fondos que actualmente tiene a su disposición en sus millonarias cuentas bancarias y la obtención de frutos a través de la locación de inmueble en la provincia de Buenos Aires, se presentan como indicadores de una actuación alejada de sus funciones sociales”.

En ese marco, Rodríguez hizo hincapié en la “necesidad de escuchar en declaración indagatoria a todas las personas que se encuentran vinculadas a los hechos objeto de investigación, permitiéndoles cabalmente de este modo un adecuado ejercicio del derecho de defensa en juicio, supuesto ineludible del debido proceso”.