Presentan nueva denuncia por presuntas irregularidades con planes sociales en La Plata

Afirman que hay al menos una docena de casos en los que dirigentes retendrían dinero a los beneficiarios de distintas asistencias

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Una nueva denuncia por presuntos retornos que beneficiarios de planes sociales se verían obligados a hacer a dirigentes de organizaciones políticas, fue presentada ayer en la justicia platense que ahora investigará una serie de pruebas sobre posibles irregularidades que se llevarían a cabo en nuestra ciudad.

La presentación, que recayó en la fiscalía Nº6 a cargo de Marcelo Romero, fue realizada por el titular de la ONG “La Plata Solidaria”, Pablo Pérez, quien, según indicó a este diario, aportó datos sobre una docena de testimonios que en los próximos días ampliarían la investigación.

Pérez detalló que los casos de los que tuvo conocimiento “forman parte de un modus operandi” en los que dirigentes y coordinadores de organizaciones políticas que administran planes sociales “retienen a beneficiarios de estas asistencias parte de los montos que les otorga el Estado bajo amenaza de retirárselos”.

Y afirmó que entre las víctimas hay personas de bajos recursos de los barrios de San Carlos, Altos de San Lorenzo, Los Hornos y la zona oeste de nuestra ciudad, además de Ensenada. “En todos los casos son personas de bajos recursos que viven en la periferia de la Ciudad” y explicó que su identidad se mantiene reservada para preservarlas de posibles “represalias”.

“Cada vez son más las personas que me contactan para contarme cómo punteros de distintos barrios le retendrían parte de sus planes bajo amenazas. Se trata de gente en una situación de vulnerabilidad extrema que está dispuesta a declarar ante la Justicia”, afirmó.

La semana pasada el dirigente había presentado una nota al intendente, Julio Garro, en la que advertía sobre los testimonios recabados y le solicitaba iniciar una “inmediata” revisión de “todos los planes sociales” en el ámbito del municipio.

Ayer, Pérez afirmó a este medio que al no tener respuesta por parte de la Comuna, decidió presentarse a la Justicia para realizar la denuncia de la que, advirtió, continuará ampliándola en los próximos días.

UNA DETENIDA

Se trata del segundo caso conocido en nuestra ciudad en una semana por presuntas irregularidades con planes sociales. Es que, en paralelo a esta denuncia, se lleva a cabo otra investigación por la presunta “tentativa de extorsión” contra la dirigente social Felipa Orella Arñez, quien se encuentra detenida desde hace una semana en la comisaría Nº12 de Villa Elisa.

Según la investigación llevada a cabo por la fiscalía Nº7, Orellana, vinculada a organizaciones sociales con trabajo territorial en Altos de San Lorenzo, está acusada por cuatro cooperativistas que prestan servicios al municipio de “extorsión” para retenerle un porcentaje de su salario, la que se habría efectuado durante los días de pago en el lugar de cobro habitual en ese entonces, el ente del ex Banco Municipal.

La mujer figuró en los registros de la municipalidad como “coordinadora de cooperativas” hasta julio de 2017, en tanto que la denuncia que tramita en la justicia es del año anterior.

 

 

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