El monto invertido por el Consejo Escolar de nuestra ciudad durante 2017, para atender casos de vandalismo, rozó los tres millones de pesos. Una cifra que equivale al 30,72 por ciento del presupuesto anual del que dispuso el cuerpo, y con la que se podrían haber construido, como mínimo, cinco aulas, en un contexto de acuciante falta de espacios.
Estos episodios vandálicos abarcan desde la rotura de vidrios hasta las pintadas, pasando por roturas parciales variopintas: de cerraduras, luminarias, muros, rejas y cañerías de agua. También hay robos de bombas y reguladores de gas, sustracción de conexiones eléctricas... y la destrucción total de edificios, como ocurrió con el de la Escuela Primaria 23 de Villa Elvira.
Cada peso que va a reparar daños causados por el vandalismo se quita del mantenimiento diario de las escuelas platenses, afectadas por problemas endémicos de infraestructura que van desde el dictado de clases en salones superpoblados o improvisados en pasillos, hasta los caños que colapsan, las goteras ante cualquier chaparrón, la insuficiencia de calefacción en épocas invernales o los cielorrasos que parecen a punto de venirse abajo.
La Escuela Secundaria Nº 7 de Arturo Seguí encabezó en 2017 el penoso ranking anual de ataques a escuelas: el edificio de 144 entre 414 bis y 415 fue agredido 9 veces. En segundo lugar estuvo la Secundaria Nº 27, situada en 35 y 17 del casco fundacional platense.
El fenómeno no es nuevo: en el 2010, por caso, la Media Nº 22 de La Granja sufrió 12 casos de robo y vandalismo, a razón de uno por mes.
En 2016, un proyecto para designar serenos en los establecimientos más vulnerables -aproximadamente el 10 por ciento de los 305 existentes en la Región- se hizo llegar a la dirección de Educación y Cultura, pero no prosperó.
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