Definieron los jueces que analizarán el fallo que dejó libre a Cristóbal López
Edición Impresa | 7 de Abril de 2018 | 02:44
El presidente de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, Gustavo Hornos, aclaró ayer cómo estará conformado el tribunal que decidirá si revoca el cambio de carátula y las excarcelaciones de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa, en la causa que investiga la evasión de 8 mil millones de pesos a través de la firma Oil Combustibles.
La aclaración llega como consecuencia del pedido de la Corte Suprema al Consejo de la Magistratura del pasado 22 de marzo para que se investigue el procedimiento de conformación de la Sala I de la Cámara Federal porteña, luego de las repercusiones por la liberación de los titulares del Grupo Indalo.
En la misiva, Hornos enumeró que la Sala I quedará conformada por él mismo, más los jueces Ana María Figueroa y Eduardo Riggi, aclarando que se aceptó la excusación de Carlos Mahiques porque su hijo, Ignacio, participó como fiscal en las causas que investigaron al empresario patagónico.
La Sala I de la Cámara Federal porteña cambió la acusación de “defraudación contra la administración pública” a “apropiación indebida de tributos” y revocó en el mismo trámite las prisiones preventivas de López y de su socio, Fabián De Sousa.
En esa decisión, el tribunal estuvo conformado por Jorge Ballestero y Eduardo Farah, quienes fallaron a favor del cambio de carátula, más el camarista Leopoldo Bruglia, quien votó en disidencia.
LA CAUSA CONTRA LÓPEZ Y DE SOUSA
La deuda impositiva por la cual son investigados López y De Sousa corresponde al impuesto a la transferencia de los Combustibles (ITC) que la empresa Oil Combustibles, del Grupo Indalo, percibía pero no descargaba luego en la AFIP.
La maniobra habría abarcado un monto cercano a los 8.000 millones de pesos, que se compone de la detracción de los pagos de capital efectuados y de la deuda consolidada en cada uno de los planes de facilidades de pago a los que adhirió Oil Combustibles S.A, monto que, con intereses, sumaría más 17.000 millones de pesos.
En este marco, la Cámara Federal de Casación tendrá que analizar el pedido para detener a Echegaray, formulado por el fiscal Germán Moldes.
Mientras tanto, Ballestero y Farah son investigados en el Consejo de la Magistratura a raíz de una denuncia presentada en su contra luego de firmar el fallo que liberó a los empresarios.
Además, el presidente de la comisión de Disciplina y Acusación de ese cuerpo, el diputado macrista Pablo Tonelli, solicitó que se analice la declaración jurada, tanto el anexo público como el reservado, de Ballestero.
El pedido de Tonelli, dirigido al titular del Consejo de la Magistratura, Miguel Piedecasas, está vinculado con una denuncia de la diputada Elisa Carrió, quien aseguró que “se cobraron coimas” para habilitar la excarcelación de López.
El objetivo del análisis de la declaración jurada de Ballestero es obtener indicios del supuesto enriquecimiento que denuncia Carrió, o desestimar esa posibilidad.
La semana pasada, Carrió acercó documentación al Consejo mencionando dos pedidos de juicio político a Ballestero presentados por el diputado socialista Alfredo Bravo en 1996 y 1998.
La diputada también había mencionado en su presentación al camarista Eduardo Farah, al citar un artículo del periodista Ricardo Roa, publicado en Clarín el 19 de marzo pasado, bajo el título “Cristóbal López busca otra ayuda judicial”, en la que menciona al abogado Jorge Mazzaglia, quien según Roa sería nexo entre el juez y Cristóbal López.
Por eso, Farah también fue alcanzado por el pedido de Tonelli para que sea analizada su declaración jurada.
En paralelo, los trabajadores de Oil Combustibles pidieron al juez que tramita el concurso preventivo de la principal compañía del Grupo Indalo, que habilite la instancia de salvataje y le de continuidad a la petrolera.
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