La resolución del Oceba que prohibe a las empresas distribuidoras y cooperativas de energía cobrar en la factura tasas municipales y cargos adicionales generó ayer fuerte polémica y reacciones de parte de intendentes que acudieron a la Justicia por entender que la medida afecta la autonomía.
El primero en reaccionar fue el intendente kirchnerista de San Antonio de Areco, Francisco “Paco” Durañona. El jefe comunal presentó un recurso de amparo para que la Justicia frene la aplicación firmada por el Organismo de Control de la Energía Eléctrica de la Provincia.
Durañona avanzó contra lo que considera una “intempestiva resolución” que afecta la autonomía, en relación a la medida, publicada el martes en el Boletín Oficial.
En concreto, el Oceba dispuso que las facturas a usuarios que emitan las cuatro empresas distribuidoras de energía eléctrica (Edelap, EDEN, EDES y EDEA) y las 200 cooperativas bajo su ámbito de control “no podrán incorporar conceptos ajenos a la prestación del servicio público ni conceptos adicionales”.
Las facturas, resolvió Oceba, “solo deberán contener conceptos tarifarios vinculados a la prestación del servicio público de distribución de energía eléctrica”.
La medida supone un duro golpe a las finanzas de las comunas que utilizan las boletas de luz para cobrar conceptos no relacionados con el servicio, como tasas por seguridad, educación, o transporte público.
Además, afecta también a las 200 cooperativas distribuidoras de energía en el interior provincial, que brindan servicios de sepelios y ambulancias, o que promueven pagos voluntarios para fines sociales entre sus asociados.
La medida, según pudo saber EL DIA, fue promovida por el gobierno de María Eugenia Vidal con el objetivo de “limpiar” las facturas de electricidad en la Provincia de cargos adicionales por seguridad, educación, o transporte público que no correspondan estrictamente con la prestación del servicio.
La resolución fue adoptada luego de que Vidal avanzara, a través de decretos y proyectos enviados a la Legislatura, con la eliminación de impuestos que se cobran en los servicios de luz, agua y gas.
Además del planteo impulsado en la Justicia por el intendente Durañona, la resolución también generó reclamos desde los cooperativistas.
“La verdad es que nos ha tomado con sorpresa y muchísima preocupación. Es una medida que impacta muy fuerte a las cooperativas”, dijo ayer en declaraciones a la prensa Nicolás Ambrosius, presidente de la Federación de Prestadores Eléctricos de la Provincia de Buenos Aires (Apeba).
En ese marco, no descartó la posibilidad de acudir a la Justicia, igual que la comuna de Areco. “Lo primero que vamos a hacer es pedir una prórroga para ver cómo nos acomodamos y si hacemos una presentación”, aclaró.
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