El último temporal dejó al descubierto el mal estado de escuelas

Hace pocas semanas se advertía en esta columna -a partir de un informe publicado- acerca de los graves problemas edilicios que padecen los edificios de muchas sedes escolares de nuestra ciudad correspondientes a los niveles primario y secundario. Lamentablemente, la tormenta registrada el 27 de abril pasado puso en evidencia el estado de deterioro en que se encuentran.

Aulas inundadas y posteriormente inhabilitadas, pasillos y salones de usos múltiples también anegados, amontonamiento de alumnos en espacios propios o derivación de los estudiantes a otros establecimientos, los desagües y canaletas obstruidos, fueron algunos de los problemas que quedaron expuestos.

Según se indicó en el Instituto de Formación Docente 17 se desplomó parte del techo, en tanto que dos aulas y un pasillo debieron ser inhabilitados. Se detalló, en tanto, que sólo tres establecimientos educativos -de más de una docena de que figuran en el Consejo Escolar como de prioritarios- figuran en la lista de beneficiarios de obras.

Durante un mes, tiempo estimado para la obra de reparación por el Consejo Escolar siempre y cuando el tiempo lo permita, los estudiantes del turno mañana del Instituto de Formación Docente 17 se ven obligados a cursar estudios en el Instituto Superior de Formación Técnica Nº 12; los del turno tarde en el Colegio Padre Castañeda y los de la noche en la vecina Secundaria 46.

El informe de daños conocido en las últimas horas dejó a la vista, como se ha dicho, la existencia de deterioros edilicios de antigua data, agravados en la ocasión por la magnitud del temporal. Se destaca que son muchos los edificios escolares –algunos de ellos declarados patrimonio arquitectónico- que requieren urgentes restauraciones estructurales.

Lo cierto es que en diferentes colegios de nuestra región existen demandas por falta de mobiliarios y de vidrios, por el sistema de iluminación, así como por contar con elementos para desplegar tareas de desmalezamiento y otras cuestiones consideradas menores en lo que concierne a la infraestructura edilicia, sobre las cuales también el área educativa aseguró que se estaban resolviendo.

Desde luego que, cuando se habla de la calidad educativa, no puede minimizarse la problemática de la infraestructura. Una buena educación necesita ámbitos cuidados, bien mantenidos, confortables y adecuadamente equipados. Lo contrario marca una degradación que, tarde o temprano, impregna otros eslabones del proceso educativo.

Lo que está fuera de dudas es que la responsabilidad principal en el mantenimiento de los edificios escolares públicos –así como en la designación de docentes- le corresponde al Estado. Se está hablando de falencias muy graves, que no sólo ponen en riesgo al ciclo lectivo sino, en algunos casos, la integridad física de alumnos, docentes y personal auxiliar, ante la alternativa de que puedan ocurrir accidentes a partir de un deterioro edilicio que resulta injustificado.