A fines del año pasado, cuando estalló en el Conurbano la primera ola de amenazas de bomba en escuelas, desde la Procuración provincial se calculó respecto del gasto que se destina en los operativos de búsqueda de explosivos, que existe “un costo directo de entre 30 y 50 mil pesos, a lo que habría que sumar el costo para el poder judicial. También hay gastos improductivos que implican la afectación de recursos que pueden llevar a unos 100.000 pesos”. Como se sabe, a raíz del cambio en el Código Cilvil, ahora son los padres de los menores que hayan cometidos estos delitos los que tendrán que hacerse cargo de los costos. Por eso, tanto desde la Provincia como desde distintas comunas se anticipó que accionarán contra los padres de los menores identificados como presuntos autores de los llamados.
Especialistas han opinado que “habría que evaluar una reforma del código penal para la tipificación de estos casos, actualmente identificados como delitos de intimidación pública”.
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