Otro penitenciario se quebró y acusó a sus superiores por la triple fuga de Alvear

Un ex jefe penitenciario se quebró ayer ante el juez, lloró desconsolado y reconoció una “serie de irregularidades”, que se produjeron poco tiempo antes del hecho y luego de una nota periodística hecha por Jorge Lanata, en la que se formularon acusaciones graves contra Aníbal Fernández.

Durante una nueva jornada, en los tribunales penales de 8 y 57, del juicio a los acusados por la triple fuga del penal de General Alvear, Juan Pablo de Dios Beolchi contó que de ninguna manera era aconsejable que los hermanos Martín y Cristian Lanatta, y Víctor Schillaci, presos condenados a perpetua por el triple crimen de General Rodríguez, fueran trasladados al sector más inseguro: sanidad del la Unidad 30 de General Alvear.

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“Justo -agregó- había allí casos de tuberculosis y por ello se había dado la orden que de ser necesario todos sean trasladados a Sierra Chica”.

El testigo, por momento quebrado hasta las lágrimas, recordó que en el 2015 trabajaba allí como director de Asistencia y Tratamiento y que al volver de una licencia, el 9 de octubre, el jefe lo envió a trabajar a cargo de la seguridad exterior, como subdirector. También dijo que le pareció “raro que de repente era jefe de la cárcel”.

El ex penitenciario dijo que se preguntó “cómo justo en esa época me iban a poner a cargo de seguridad y sin ninguna resolución”.

También dijo que el destino que le dieron y la zona donde cumplía tareas “era el más inseguro, cerca de la salida”, y que por ello implementó dos recorridas de guardias armados a la 1 y a las 5.

“Era la entrada principal al túnel de salida, cerrada con rejas”, y que “unas 5 ó 6 se accionaban con una misma llave, es más, se abrían con una llave T”, explicó.

El ex jefe, que fue exonerado de la fuerza luego de la triple fuga, reveló que todo se complicó y “empezaron a producirse hechos “raros”, como por ejemplo que “el funcionario del Ejecutivo César Albarracín concurriera una noche al penal para llevarse el DVR de las cámaras del penal, luego de la nota que el periodista Jorge Lanata le hizo a Martín Lanatta”, en la que el preso vinculó con el tráfico de la efedrina y el triple crimen de General Rodríguez al ex jefe de Gabinete nacional y candidato a gobernador bonaerense, Aníbal Fernández.

El testigo estalló de bronca y lloró al recordar lo ocurrido y cómo fue echado de la fuerza, sin derecho a una jubilación, por esta fuga, de la que responsabilizó a sus superiores por la desidia en los cambios que hicieron en el penal, junto después de esa nota periodística.

“Mi madre murió cuando yo tenía 3 años. Me crió mi padre como pudo y por suerte me enseñó una profesión, la de plomero, con la que hoy me gano la vida”, dijo con su voz entrecortada.

Se presume que esta fuga pudo ser planeada por algunos funcionarios, o que prestaron colaboración. El imputado Martín Lanatta dijo el primer día del juicio que el fin era asesinar a los tres, durante el cinematográfico escape.

Albarracín se defendió de las acusaciones

Tras las acusaciones, el abogado César Albarracín salió a defenderse: "El hecho que se refirió en la audiencia lo expuse yo mismo hace más de dos años y medio en el expediente en el que se investigó la fuga. Se trató de un acto funcional absolutamente público y razonable que cumplí en el marco de mis atribuciones como subsecretario de política criminal. Cualquier especulación sobre las filmaciones se cae ni bien se advierta que el DVR fue devuelto a la Unidad en Noviembre de 2015, es decir, un mes antes de que se produjera la fuga".

Luego dijo a EL DIA que "si el DVR hubiese sido retirado de la Unidad para que se fuguen, no se comprende porqué fue devuelto un mes antes. Además, dejé de ser funcionario el día 9 de diciembre de 2015, de modo que al momento de los hechos no tenía ninguna injerencia sobre el Servicio Penitenciario. En cuanto al motivo de la incautación y preservación transitoria del DVR en la sede del Ministerio, también fue explicado detalladamente, y tuvo su origen en el hecho de que el 14 de octubre de 2015, se conoció una denuncia gravísima contra el por entonces candidato a gobernador, en la que se afirmaba que éste había enviado a un abogado a 'apretar' a los detenidos al penal, y que ese 'apriete' estaba filmado por las cámaras de seguridad". Por último refirió que "como subsecretario, y por la enorme repercusión pública e institucional de la denuncia, tenía el deber de preservar la prueba, tal como hice. Todo esto lo saben quiénes intentan descargar su responsabilidad evidente mencionando hechos que nada tienen que ver con la misma".