Cuenta regresiva para definir la situación de Cristina en la causa de los cuadernos

El juez federal Claudio Bonadio habría dedicado el fin de semana para terminar de redactar, y darle en los próximos días una puntada final, el dictamen sobre los procesamientos a la mayoría de los imputados en la investigación por los cuadernos en los que el ex chofer Oscar Centeno describe el “modus operandi” del cobro de coimas durante las administraciones de Néstor y Cristina Kirchner.

La figura jurídica que usaría el magistrado en esos procesamientos sería la de “asociación ilícita” y pondría a la ex presidenta como “jefa” de la presunta banda delictiva; a algunos de los ex funcionarios K como “organizadores” y los demás, inclusive los empresarios, como “partícipes necesarios”.

De hecho, el Centro de Información Judicial (CIJ) ya reveló un documento preliminar de Bonadio en el que se indica que Néstor Kirchner y Cristina Fernández fueron, junto a su ministro del área de obras públicas, Julio de Vido, los “verdaderos beneficiarios” de esta supuesta red de sobornos.

Según trascendió, el juez ya tendría varias evidencias para procesar a la ex jefa de Estado -el Senado le tiene que sacar los fueros para ser detenida si se le dicta prisión preventiva-. Los testimonios de los arrepentidos son clave pero también habría escuchas telefónicas.

En realidad, aseguran que el juez y el fiscal de la causa Carlos Stornelli, obtuvieron indicios “prima facie” que permiten sostener que, durante un lapso de ocho años como mínimo, Roberto Baratta y cinco ex funcionarios más de la cartera que condujo De Vido durante 12 años, efectuaron los cobros a distintos particulares, siendo trasladados después, “en la mayoría de las oportunidades”, en vehículos conducidos por Centeno y que varios de esos viajes tuvieron como punto final la residencia presidencial en Olivos y el departamento del barrio porteño de Recoleta, propiedad de los Kirchner.

“A partir de ello, y previo percibir el porcentaje que correspondiera a sus tareas, procedían a entregar los fondos recaudados a otros funcionarios”, como el jefe de Gabinete de Ministros Juan Manuel Abal Medina y el secretario privado de la Presidencia, Daniel Muñoz -fallecido-, “quienes finalmente los derivaban a manos de los verdaderos beneficiarios de la maniobra ilícita”: Néstor Kirchner, Cristina Fernández y Julio de Vido.

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Hasta el momento, se ha tomado declaración en esta causa a 52 imputados -entre ellos Cristina y el ex juez federal Norberto Oyarbide- y arrestado a 26 personas, aunque la mayoría ya fueron puestas en libertad. Mientras tanto, dos personas siguen con orden de captura.

Entre los imputados, por lo menos 18 declararon en calidad de arrepentidos -figura jurídica que otorga beneficios penales a cambio de confesión de datos que permitan avanzar en la causa-, de los que 15 ya han obtenido la homologación por parte del juez.

Se han practicado 70 registros (allanamientos) en Buenos Aires y otras zonas del país, sobre oficinas de empresas y domicilios de los ex funcionarios involucrados.

Además, se incautaron más de 250 obras pictóricas en posesión de dos imputados por aproximadamente 41,5 millones de pesos (1,34 millones de dólares), vehículos de alta gama, dinero por más de 6,35 millones de pesos (206.000 dólares), 1,24 millones de dólares, más de 235.000 euros y otras cantidades en monedas chilenas, uruguayas y brasileñas; armas de fuego y dispositivos electrónicos.

UNA CAMIONETA Y ¿ALGO MÁS?

Mientras, se confiscó una camioneta de alta gama en la residencia sureña de la senadora y ex presidenta, en el tercer y último día del allanamiento en su residencia de El Calafate por la causa de corrupción que involucra a grandes empresarios.

El batallón de inspectores judiciales y policiales que operó en la casa sureña no ha encontrado dinero ni otros valores que aporten a la causa, pero el vehículo fue secuestrado por orden de Bonadio.

Durante la requisa se investiga con equipos escáneres de detección, incluso en el subsuelo de la vivienda de dos plantas y un jardín. Se habrían hallado dos espacios similares a bóvedas, comentó el diario La Nación citando fuentes judiciales. El matutino Clarín aseguró que una de ellas hallaron carpetas con informes de inteligencia sobre Bonadio y la jueza Sandra Arroyo Salgado, ex esposa del fiscal de la AMIA, Alberto Nisman, hallado muerto en enero de 2015, días después de denunciar a la ex presidenta por presunto encubrimiento en la causa por el atentado.

Otros dos allanamientos se realizaron la semana pasada al apartamento de Kirchner de Recoleta y a la casa familiar en Río Gallegos, a 300 km de El Calafate, sin resultados relevantes hasta ahora para la causa, según las fuentes judiciales.

El ex presidente Eduardo Duhalde ayer en una entrevista radial, consultado al respecto si Cristina Kirchner debe ir presa, respondió: “Por supuesto, ya ni se tiene que preguntar, es así”. Pero aclaró: “La Justicia va a decidir si va presa; no porque yo quiera o lo desee no va a ocurrir”.

Por su parte, el jefe del bloque Justicialista en el Senado, Miguel Ángel Pichetto, cuestionó los allanamientos. Consideró que “era conveniente” que se hubieran incluido “veedores de la Justicia”.