Megabanda: creen que Melazo y el comisario compartían la “jefatura”

La fiscal que instruye la voluminosa causa de la megabanda platense, Betina Lacki, solicitó los 15 días de prórroga que contempla la ley para definir si pide la prisión preventiva para los últimos tres detenidos del caso, el ex juez César Melazo; el ex barra de Estudiantes, Rubén “Tucumano” Herrera; y el presunto “lobbista” judicial, Enrique Petrullo.

Por lo pronto ya están con preventiva los primeros diez imputados: el comisario Gustavo Bursztyn; el ex oficial Gustavo Mena; Javier Ronco; Adrián Oscar “Kichua” Manes (47); Ángel Custodio “Pipi” Yalet; Carlos Bertoni (hermano del jugador de fútbol campeón del mundo ); Carlos “Macha” Barroso Luna; Jorge “El Fiscal” Gómez de Saravia; Héctor “Pepe” Vega; y el barra de Gimnasia Martín Ezequiel “Gaucho” Fernández. Otro acusado, el policía Marcos Chiusaroli, fue liberado por la jueza de Garantías Florencia Butiérrez.

La fiscal dio por acreditado que “con anterioridad al primero de diciembre de 2010 y por lo menos hasta ese momento, al menos 8 hombres, en La Plata y alrededores, tomaron parte de una asociación destinada a cometer reiterados hechos ilícitos de distinta naturaleza, robos bajo la modalidad de escruche, robo de autos, su posterior reducción; adulteración y venta, comercialización de estupefacientes, con un mismo modus operandi, con división y organización de tareas”.

Entiende Lacki que “algunos de ellos, en su condición de efectivos policiales, aseguraban la zona, entregaban los trabajos y brindaban cobertura policial” a quienes terminaban concretando “los hechos ilícitos”.

Lo que debe definir en esta próxima etapa es quién lideraba la supuesta organización, porque aunque los investigadores parezcan convencidos de que Melazo “estaba a la cabeza”, no saben “si era el único jefe o actuaba en sociedad con Bursztyn”.

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Dicho de otro modo, la sospecha es que el ex juez habría tenido un rol activo en las maniobras de la organización, “no sólo garantizándoles cobertura judicial”. Ese papel presuntamente lo habría jugado el suspendido camarista Martín Ordoqui, presidente de la sala V de Casación.

“Por eso es que Melazo está sospechado de asociación ilícita y Ordoqui no”, completó una fuente con acceso a la causa.

Del camarista se presume que habría “vendido” prisiones domiciliarias para personajes como Ronco, quien obtuvo ese beneficio a pesar de tener menos de 40 años, buena salud y una imputación por doble homicidio. Es el mismo juez que en enero de 2017 liberó a ocho policías presos por los sobres con plata en la Departamental y excarceló a Mariano Bruera, fallo que luego revocó la Suprema Corte.

Los investigadores insisten en aclarar que las acusaciones se sostienen con la puesta en contexto de información relevada de escuchas, declaraciones y entrecruzamientos telefónicos.

“Que alguien aparezca en una agenda o mencionado en una charla no significa nada; (los imputados) no nombran a todos de la misma manera y tienen bien claro quién es quien”, explicaron.

Por otro lado, en las últimas horas la jueza Butiérrez dijo al programa Justicia en Primera Persona que con información surgida de la instrucción se abrieron investigaciones nuevas, como la planificación del secuestro de la hija de Daniel Muñoz, el fallecido ex secretario de los Kirchner, para pedirle un rescate millonario a su viuda Carolina Pochetti.

“Hasta ahora hay 33 investigaciones que se desprenden de las escuchas” deslizó la jueza, aunque desde la fiscalía no lo confirmaron.

Como ya publicó este diario, una pista que fue judicializada tiene que ver con un supuesto delivery de drogas que uno de los acusados habría impulsado a través de los camiones recolectores de basura de las cooperativas.

Se trata del “Kichua” Manes, imputado por el crimen de Juan Roberto “Tecla” Farías (32) en diciembre de 2010, y beneficiado con arresto domiciliario por el propio Melazo, quien estaba de turno la semana en la que asesinaron a Farías en el hall de su edificio de 44 entre 26 y 27.

Es más, “Kichua” gozaba del beneficio de salidas laborales para trabajar para un alto funcionario platense, hasta que en octubre del año pasado la Policía encontró 40 dosis de cocaína, cuatro celulares y 13 mil pesos en su casa de 6 entre 72 y 73, tras lo cual volvió a la cárcel.

En una charla telefónica se lo escucha decirle a un amigo: “El cuñado de (Javier) Ronco es el Tucumano Herrera, socio de Melazo... Nah, las cosas que me contó este pibe... Todos son los que estaban en el Día del Amigo en lo de (el comisario) Bursztyn... Bursztyn está millonario, se puso un corralón, son todos socios, El Tucumano Herrera, Melazo, Bursztyn, en muchos negocios y la noche también... claro yo que soy nadie, un cuatro de copas, te hacen pelota estos...”.

Las escuchas desnudaron también algunas “diligencias” que distintos personajes hicieron en las semanas previas a los allanamientos de julio, cuando se filtró que la investigación había avanzado en dirección a la imputación de una “asociación ilícita”.

“Lo contactaron a Ronco porque era el que más información tenía y le pedían que dejara afuera a Melazo”, comentó un pesquisa, detallando que pretendían “coordinar lo que iba a declarar cada uno”.

La causa que estremeció los cimientos del poder judicial platense tiene hoy 60 cuerpos y nadie se atreve a pronosticar hasta dónde avanzará, ni a quiénes arrastrará en el camino. Los detenidos están alojados en las celdas de las dos alcaidías que la Policía Federal tiene en CABA. Salen a un playón un par de veces al día, comparten televisores y, en el caso de Melazo, pide diarios, revistas y libros para no aburrirse.

Según figura en la causa, el grupo habría operado desde antes del 1 de diciembre de 2010

“La asociación ilícita es una figura jurídica muy cuestionada”

Florencia Butiérrez - Jueza de la causa