“Desde el punto de vista jurídico en el contexto del fallo Arriola -que hace diez años estableció la inconstitucionalidad de la persecución de la figura de la tenencia para el consumo personal en virtud del artículo 19 de la Constitución-, la Ley de Estupefacientes hoy sirve esencialmente como una excusa para que la policía extorsione e intimide en la vía pública a jóvenes que en general llevan encima muy pocos gramos de marihuana o cocaína para consumo personal. A esas personas se les inicia una causa judicial que solo produce como efecto una estigmatización familiar, social y laboral, ya que justamente por el fallo Arriola no se las puede condenar. Pero además de vulnerar derechos individuales -dado que esas personas son requisadas, detenidas y procesadas inconstitucionalmente- la Ley de Estupefacientes ha derivado en un gasto irracional en materia de justicia y seguridad. Tanto es así que hoy cerca del 60% de los recursos de la Justicia Federal, un fuero creado para ocuparse de delitos graves, es destinado a investigar una figura que hace ya diez años que la Corte Suprema declaró inconstitucional”.
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