Ley de Estupefacientes: a 30 años de una norma que “causa más mal que bien”

Cerca de cumplirse treinta años de la entrada en vigencia de la Ley de Estupefacientes que rige en nuestro país (la 23.737), su aplicación parece hoy bastante lejos de poner freno al narcotráfico, el objetivo con el que se la sancionó. Así lo sostienen tanto especialistas en políticas de drogas y consumos problemáticos como organizaciones civiles que, en el contexto de la fecha, han comenzado a reclamar una actualización de la norma por los “múltiples efectos perjudiciales” que produce en la actualidad.

“Además de criminalizar el consumo personal de drogas prohibidas en forma inconstitucional y vulnerar el derecho a la salud de muchas personas con consumos problemáticos, la aplicación de la Ley de Estupefacientes genera un gasto irracional de los recursos que el Estado destina a las áreas de Justicia y Seguridad”, señalan desde Reset, una organización civil que busca “aportar a la construcción de una política de drogas más eficaz”.

Integrada por abogados, sociólogos y profesionales de la salud mental (varios de ellos platenses) Reset difundió días atrás un duro balance de los efectos de la ley. Como se señala en él, ésta ha conducido en “un dispendio irracional de los recursos de fuerzas de seguridad, fiscalías y juzgados al perseguir conductas insignificantes relacionadas al consumo”.

Año tras año “cuantiosos presupuestos son destinados a investigar causas que en la mayoría de los casos no prosperan, precisamente por la insignificancia e inconstitucionalidad de los delitos que se pretenden reprimir. Todo ello en desmedro de la seguridad urbana en general y de la persecución de conductas de verdadera gravedad social relacionadas al crimen organizado, el lavado de activos y la corrupción institucional”.

“La Ley de Estupefacientes hoy sirve esencialmente como una excusa para que la policía extorsione e intimide en la vía pública a jóvenes que en general llevan encima muy pocos gramos de marihuana o cocaína para consumo personal. A esas personas se les inicia una causa judicial que sólo produce como efecto una estigmatización familiar, social y laboral, ya que por el fallo Arriola no se las puede condenar”, señala el abogado penalista Mariano Fusero, director del área Política de Drogas e integrante de Reset.

Pese a aquel fallo histórico de la Corte Suprema de Justicia -que en 2009 estableció la inconstitucionalidad de la persecución de la figura de la tenencia para el consumo personal en virtud de los derechos individuales reconocidos por el artículo 19 de la Constitución-, se calcula que unas 20 mil personas son criminalizadas cada año en Argentina por tenencia de sustancias ilegales para consumo personal.

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A su vez la ley de Estupefacientes habría conducido a “una seria vulneración del derecho a la salud”, señalan también desde Reset. Y es que “en la medida en que los consumidores de sustancias prohibidas son vistos por el Estado como criminales en lugar de personas con una problemática que a veces requiere atención, esa atención sanitaria es distorsionada o postergada por los mismos organismos que la deberían prestar”.

La actual ley de drogas “no resuelve el problema de atención, sino que lo complejiza al homogeneizar a los usuarios (presuponiendo que todos desarrollan dependencia) y proponer tratamientos compulsivos que no atienden su voluntad”, explica la psicóloga Daniela Montenegro, especialista en Política y Gestión en Salud Mental.

Contra las recomendaciones de decenas de organismos internacionales que recomiendan un abordaje no punitivo para con las personas consumidoras de drogas ilegales, “nuestro país, que tiene una de las leyes en la materia más vetustas del mundo prioriza aun hoy una mirada bélica, represiva y abstencionista que ha fracasado en cada lugar en la que se la implementó, sostienen desde Reset.

En base a este mismo diagnóstico más de 25 proyectos de distintos bloques fueron presentados durante los últimos años en el Congreso para modificar la Ley. Ninguno avanzó.