Mientras la disponibilidad de varias vacunas obligatorias continúa siendo irregular en los vacunatorios de la Ciudad, un informe de la Auditoría General de la Nación señala que hubo “incumplimientos y falencias” en la compra y distribución de vacunas del calendario oficial. El documento, que observa en algunos casos tasas de cobertura por debajo del 50%, podría convertirse en una prueba de peso en la demanda colectiva que impulsa una ONG platense contra el Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación.

“Este hecho nuevo viene a confirmar que el Estado Nacional no sólo no estuvo cumpliendo con la ley nacional de vacunación (la 27.491, que obliga a proveer las vacunas previstas en el Calendario) sino tampoco con las tasas de inmunización recomendadas por la Organización Mundial de la Salud para proteger a la población”, explicaron ayer fuentes de Abogados por la Justicia Social (AJUS).

Esta organización, que en septiembre pasado presentó un recurso de amparo colectivo para que el Gobierno Nacional garantice el suministro de vacunas en todo el país, acaba de solicitarle al Juzgado Federal N°4 de La Plata, a cargo del juez Alberto Recondo, que acepte como prueba el reciente informe de la Auditoria General de la Nación.

Al auditar el Programa de Prevención y Control de Enfermedades Inmunoprevenibles de la Secretaría de Gobierno de Salud, el organismo de control observó que durante los años 2016 y 2017 (los últimos analizados) hubo “faltantes en la distribución de diversas vacunas” que se manifestaron en “valores por debajo de las cantidades planificadas oportunamente junto a las provincias”.

Como surge del informe, tal sería el caso de la vacuna DTA o doble (contra la difteria y el tétanos), cuya distribución fue en esos años entre un 35 y un 45% menor a la necesaria; la anti Hepatitis A para adultos, de la que sólo se distribuyeron entre el 20 y el 22% de las dosis acordadas; o la nuemocóccica 23 valente, aplicada para prevenir la neumonía en adultos, que sólo llegó al 67% de la población objetivo en el año 2016, por mencionar unos pocos ejemplos.

“Al analizar la información a nivel provincial, se puede observar que las diferencias entre la cobertura deseada y la observada se incrementan, alcanzando en determinadas provincias una cobertura menor al 50% de la población objetivo”, advierte el informe de Auditoría General de la Nación.

El documento, que refleja además la consecuente caída en las tasas de inmunización en el país, señala a su vez el peligro que estos incumplimientos entrañan para la comunidad. “La falta de remisión por parte del Ministerio de Salud de las vacunas planificadas y los niveles de cobertura observados, representan un riesgo epidémico para la población”, dice.

Con esta misma preocupación, el abril pasado la Defensoría del Pueblo de la Nación ya había instado a la Secretaría de Gobierno de Salud a que entregara en tiempo y forma las dosis de unas diez vacunas solicitadas en ese momento por las autoridades sanitarias de seis provincias, y denunciado además el faltante ante la Organización Panamericana de la Salud.