El gobernador electo Axel Kicillof tiene resuelto firmar la adhesión de la Provincia al protocolo nacional para el aborto no punible en los hospitales públicos, implementado en 2015 en todo el país pero que a nivel bonaerense no se había puesto en marcha por decisión de la gobernadora María Eugenia Vidal.

“No va a ser la primera medida de su gestión, porque estamos trabajando sobre las urgencias. Pero va a salir”, dijeron a EL DÍA en el entorno de Kicillof, quien por estos días está terminando de definir la integración de su gabinete y la transición.

De firmar la adhesión, en la Provincia comenzará a regir ese protocolo que habilita la realización en los hospitales y centros de salud públicos de la Provincia de interrupciones de embarazos en los casos no punibles según el Código Penal.

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La definición trascendió ayer en medio de un debate reinstalado a partir del anuncio del presidente electo Alberto Fernández de la decisión de impulsar un nuevo proyecto para la legalización del aborto en Argentina, luego del frustrado intento en el Congreso en 2018. La definición le valió el lunes una polémica con la Iglesia, luego de que el Arzobispo de La Plata, Víctor “Tucho” Fernández lo cuestionara por el anuncio.

El “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interupción legal del embarazo” fue puesto en marcha en 2015, durante la gestión en el Ministerio de Salud de la Nación de Daniel Gollan. En la actualidad, hay 11 provincias adheridas (Jujuy, Salta, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos, Misiones, La Rioja, La Pampa, Santa Cruz, Tierra del Fuego y San Luis). Otras siete provincias, en tanto, no lo hicieron. Son Santiago del Estero, Tucumán, Corrientes, Mendoza, San Juan, Formosa y Catamarca.

Buenos Aires había iniciado en 2016 el proceso de adhesión, que fue frenado por decisión del Ejecutivo. El episodio terminó con uno de los primeros cimbronazos en el gabinete de María Eugenia Vidal, la salida de la entonces ministra de Salud Zulma Ortíz.

En octubre de ese año, el primero de la gestión de Cambiemos, Ortiz firmó una resolución ministerial para adherir al protocolo. Pero días después, el gobierno de Vidal informó que la medida no sería implementada. El entonces Secretario de Legal y Técnica y luego Procurador, Julio Conte Grand, explicó que por la “complejidad del tema” se estaba “trabajando en una nueva resolución”, que nunca llegó.

De esa forma, Buenos Aires sigue sin un protocolo de atención para los casos de abortos no punibles contemplados en el Código, que en los hechos complica su aplicación por la existencia en los hospitales de médicos y técnicos que se niegan a practicarlos por “objeción de conciencia”.

Ayer, en el entorno de Kicillof daban por hecho que el electo gobernador firmará la adhesión dentro de sus primeros meses de gestión. Kicillof manifestó públicamente su postura a favor de la despenalización del aborto y en 2018, como diputado nacional, votó favorablemente al proyecto que finalmente se cayó en el Senado.