El miércoles pasado el máximo responsable de Asuntos Internos, Guillermo Berra, denunció ante el fiscal general Héctor Vogliolo a la titular de la UFI 15, Cecilia Corfield, por el presunto delito de “acción pública”, que sanciona “al que impidiere o estorbare a un funcionario público cumplir un acto propio de sus funciones”. Entre otras cosas, argumentó que “hacer un allanamiento a un organismo de control” requiere “cuanto menos alguna prueba o grado de certeza que permita sospechar que el personal que allí reviste está cometiendo un ilícito”, advirtió, “no solo por el peligro de que esa herramienta sea luego utilizada por los 30.000 efectivos policiales que han sido investigados en Auditoría, sino por la filtración de información confidencial que se encuentra en el organismo, toda vez que las investigaciones sumariales de Asuntos Internos son secretas hasta el acto de imputación”. En este punto cobra importancia el dato de que en los próximos días recusarán a la fiscal que investiga la causa por “estar casada con un jefe policial que además tiene un sumario activo en Asuntos Internos por dos denuncias previas”, informaron.
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