La Auditora Sumarial Especializada en Investigaciones Patrimoniales de la Auditoría General de Asuntos Internos (AGAI), María Rosario Sardiña, denunció ayer a dos ex jefes policiales por “falsa denuncia”. Patrocinada por su abogado Marcelo Peña, se presentó ante el fiscal en turno Juan Cruz Condomí Alcorta para pedir que se investigue a Néstor Omar Martín y a Alberto Gangoiti, que fueron los dos policías que hicieron una denuncia penal contra ella y el Auditor General Guillermo Berra, que derivó en el escandaloso allanamiento en las oficinas de AGAI, en el centro de La Plata, una semana antes de las elecciones generales de octubre.

Según expuso Sardiña, los cargos que les formularon fueron como “represalia” por las investigaciones que hizo desde su cargo, “alegando falsos hechos y acusaciones”.

Desmintió a Martín en su afirmación de que ese organismo de control “tenía un sistema paralelo e ilegítimo de declaraciones juradas porque no tenía acceso a las presentadas ante la Escribanía General de Gobierno”, al argumentar que el artículo 10 de la ley 15.000 le otorga a la AGAI “la facultad de consultar la parte reservada de las declaraciones juradas del personal policial”. Y resaltó que “la obligatoriedad de presentar declaración jurada patrimonial ante Asuntos Internos surge de una resolución ministerial comunicada mediante circular del jefe de policía, por lo que mal podría Martín, que en ese momento se desempeñaba como superintendente, desconocerlo”.

“El delito que sostenemos se investigue es que la formulación de falsas e inexactas expresiones por parte de Martín y Gangoiti como investigados en nuestro organismo de control” es “una ofensa a la administración de justicia, al solo efecto de tener y recabar toda la información por el equipo técnico desarrollada, más allá de mejorar su posición jurídico administrativa y penal”, subrayó.

Por otro lado refutó la funcionaria que, como denunció Martín, su declaración jurada haya sido “filtrada a los medios”, para lo cual presentó un artículo del que “claramente se desprende el sello de la Escribanía General de Gobierno”. Aclaró que es falso que no pudieran investigar a Martín después de que pidió la baja de la fuerza, porque “la justicia (contencioso administrativa) entendió que correspondía continuar con la investigación administrativa”, refirió. Y negó que AGAI haya realizado “tareas encubiertas respecto de sus familiares”, como denunció el ex comisario que quedó en la mira por tener varias propiedades, millones en efectivo y, por lo menos, un helicóptero con un sueldo de 48 mil pesos.

En relación con las intervenciones telefónicas, aclaró la funcionaria que “el personal policial tiene obligación de declarar números telefónicos y mantenerlos actualizados” en virtud de una resolución de 2014, que Martín no podía desconocer siendo que era un “superintendente con más de 30 años de servicio”.

En cuanto a Gangoiti, que denunció la realización de “tareas de inteligencia respecto de su familia”, aclaró que “se hicieron por orden de una fiscal, con un oficio que está agregado a la causa administrativa y del que tomó vista su abogado”; y explicó que estaba en condición de ser investigado por AGAI ya que “el personal con retiro activo mantiene el estado policial”, entre otras cuestiones.

Como se informó ayer, Berra denunció a la titular de la UFI 15 de La Plata, Cecilia Corfield, por el presunto delito de “acción pública”, ya que fue quien impulsó el allanamiento con las denuncias de los policías.