Casación revisa el fallo del juicio oral por los 33 presos muertos en Magdalena

El Tribunal de Casación Penal bonaerense realizó la audiencia oral para comenzar a revisar los recursos interpuestos por las partes, contra el fallo del juicio oral que condenó a dos oficiales penitenciarios bonaerenses a 25 y 10 años de prisión por “homicidio”, en la causa que investigó la muerte de 33 presos durante un incendio en la Unidad 28 de Magdalena en 2005.

En este debate, otro de los procesados fue sentenciado a 5 años de cárcel, acusado de “no mantener en condiciones el pabellón en el que ocurrió el hecho”.

En la sentencia dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal V de La Plata, además de condenar a 25 años de prisión al ex secretario del penal Raimundo Fernández; a 10 años al oficial a cargo Rubén Alejandro Montes de Oca y a cinco años al ex jefe del penal, Daniel Tejeda, se ordenó sus detenciones.

Según el fallo, Fernández y Montes de Oca fueron autores del delito de “homicidio simple” en 33 casos y de “tentativa de homicidio” por dos casos de internos que lograron salvar su vida.

En tanto, a Tejeda lo condenaron como autor del delito de “incendio culposo agravado” por haber mantenido alojados a internos en un pabellón en el que no funcionaba el sistema anti incendio, de acuerdo a lo votado por los jueces Carmen Palacio Arias, Ezequiel Medrano y María Isabel Martiarena.

Este fallo comenzó a ser revisado por la Sala I de Casación, integrada por los jueces Daniel Carral, Ricardo Maidana y Víctor Violini.

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Por el ministerio público, el Fiscal de Casación Carlos Altuve adelantó que en su memorial se fundamentó porqué se deben mantener las penas solicitadas por la fiscalía de juicio -de entre 8 y 15 años de prisión, y que 15 de los penitenciarios imputados queden detenidos-; al tiempo que rechazó los planteos de prescripción de la acción penal y de violación del “principio de congruencia”.

Por su parte, los abogados representantes del particular damnificado requirieron penas de 2 años y 6 meses, hasta 15 años de prisión, y que por la “gravedad institucional se avance en la causa contra los responsables políticos de esta masacre”. Por su parte, los abogados defensores de los imputados solicitaron la libre absolución de sus asistidos, y coincidieron con el particular damnificado con respecto a avanzar en la investigación sobre los responsables del Ejecutivo de entonces. El incendio se inició la noche del 15 de octubre de 2005, en vísperas del Día de la Madre, cuando los penitenciarios intentaron detener una pelea entre los internos alojados en el Pabellón 16 y los presos prendieron fuego colchones.