Piden juicio oral para siete sospechosos de un fraude contra el Estado bonaerense

El fiscal penal de La Plata Juan Cruz Condomí Alcorta pidió ayer la elevación a juicio oral y público de la causa seguida a siete acusados de cometer un fraude millonario, en perjuicio de la Dirección General de Cultura y Educación, con la designación de “falsos preceptores” que cobraban por su cargo pero no trabajaban.

Para el representante del ministerio público, en la investigación se reunieron elementos de prueba suficientes como para juzgar a Laura Alejandra Estrella, Silvia Edith Silva, Alberto Martín Acevedo, Rufina Cabrera, María Asunción Cabrera, Jessica Carolina Cabrera y Benjamín Ezequiel Benítez Fredes.

También señalaron que para la fiscalía, el procesado Acevedo, quien se desempeñaba como empleado del área Contralor de la cartera educativa, habría sido el encargado de nombrar falsos agentes docentes, específicamente preceptores, quienes habrían percibido sueldos por tareas no prestadas.

Según la investigación, Acevedo designó como preceptores al menos a seis personas -algunos de los cuales eran familiares- que cobraron durante 2017 y 2018 bajo la modalidad “ticketera”, es decir con la mera exhibición de su DNI en el banco.

EL CASO

La maniobra fue descubierta por las autoridades educativas, que radicaron en septiembre del año pasado la denuncia por la que fueron detenidas las siete personas sospechadas.

El fiscal cree que Acevedo, “ingresaba periódicamente con su clave personal, a través de sistema informático, servicios de personal educativo por los cuales al menos seis personas en un actuar de consuno, cobraron mensualmente, en forma retroactiva y continua por servicios laborales no prestados”, se indicó.

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“Esto aconteció, al menos desde junio de 2014 hasta octubre de 2018, defraudando en una suma aproximada en 6.591.769,04 $, a la Provincia”, se explicó en el dictamen de elevación a juicio.

Según el fiscal “estas personas revistaban como activas en el sistema informático cuando no prestaban servicios y cobraban a través del sistema ticketera de Banco de la Provincia de Buenos Aires”.

Este mecanismo no exige la apertura de cuentas de caja de ahorro, según Condomí Alcorta. “Sólo basta con la presentación del beneficiario con su identificación personal para la extracción del dinero. La habilitación para dicho cobro depende exclusivamente de la nómina que mensualmente envía la DGCyE al Banco Provincia y estaba a cargo del organizador de la banda”, se concluye en la elevación.

También se explica que los imputados a cuyo nombre se cargaban servicios laborales, concurrían a distintas sucursales del Banco y presentando su DNI cobraban las liquidaciones de sueldo, adicionales y bonificaciones, en beneficio personal y también de la organización de la que formaban parte. “Ello conforme eran cargados por el organizador de la asociación ilícita”, aclaró el fiscal.

Acevedo fue imputado como presunto jefe de la asociación ilícita, al parecer dedicada a cometer fraudes al Estado, mientras que el resto están sospechados de los mismos delitos, pero como co-partícipes, se informó desde Tribunales.