El presidente Alberto Fernández anticipó “una convocatoria a una mejor calidad institucional” en la relación entre el Gobierno y los medios periodísticos “a través de la reformulación del manejo de la pauta de publicidad del Estado”.
Mencionó que la administración saliente gastó 9.000 millones de pesos en propaganda oficial, lo que consideró “un despropósito en un país con hambre de pan y hambre de conocimientos”.
Dijo Fernández que quiere “una prensa independiente del poder e independiente de los recursos que la atan al poder”, lo que no deja de ser una plausible declaración de principios.
Sabe, el nuevo mandatario por su larga experiencia como jefe de Gabinete de Néstor Kirchner que la función de la pauta oficial es informar. Informar a la población de los actos de gobierno. Y para que tal función se cumpla a carta cabal se debe respetar, inexorablemente, la llegada que cada medio tiene sobre la población.
Puede ser reorientado el presupuesto de publicidad del Estado bajo otros criterios. Esos criterios, valga recordarlo una vez más, deben ser por sobre todas las cosas, ecuánimes y no la vara con la que se premia o se castiga.
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