Mientras prepara una “súper ley” con aumentos y creación de nuevos impuestos, el Gobierno declaró anoche por decreto la “emergencia ocupacional” por 180 días. Según informaron a EL DIA fuentes de la Casa Rosada, en caso de despido sin causa justa los trabajadores tendrán derecho a percibir una doble indemnización.

En el decreto firmado por el presidente Alberto Fernández se estipula que la medida no será aplicable a las contrataciones celebradas con posterioridad a su entrada en vigencia, esto es el próximo lunes en el Boletín Oficial. La determinación llegó al cabo de una jornada plagada de reuniones en la sede del Gobierno.

Es que el Gobierno trabaja contra reloj para presentar, el lunes, un proyecto de ley ómnibus que declarará la “emergencia económica” y que dispondría el aumento de impuestos existentes y la creación de nuevos gravámenes, como por ejemplo a las compras que se hagan con tarjeta de crédito en el exterior, práctica conocida como “dólar turista”.

Los ministros encargados de defender el proyecto denominado “Ley de Solidaridad y Reorientación Productiva” serán Martín Guzmán (Economía) y Matías Kulfas (Producción). Ambos asistirán al Congreso el martes, mientras que el lunes la iniciativa será presentada por el presidente Alberto Fernández.

En la Casa Rosada se los vio ayer por la tarde a los ministros Guzmán y Kulfas antes y después de reuniones con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra. Del diseño del proyecto también participan el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y el jefe del bloque del Frente de Todos en ese cuerpo, Máximo Kirchner.

Además del impuesto a las compras con tarjeta en el exterior, que encarecería las próximas vacaciones de argentinos fuera del país al menos en un 10 por ciento, en el Gobierno están pensando en una nueva suba de las retenciones a las exportaciones agropecuarias, algo que ya puso en alerta a las entidades del sector, que conforman la llamada Mesa de Enlace.

En el peronismo reunificado en el Frente de Todos no quieren reeditar la “guerra gaucha” de 2008, que le costó muy cara en términos políticos a Cristina Kirchner y al propio Alberto F. –que renunció a la Jefatura de Gabinete en medio del conflicto-, pero tampoco se les escapa que las entidades apoyaron abiertamente a la administración de Mauricio Macri.

El proyecto de ley que prepara el Gobierno nacional contendría además una suba en la alícuota de Bienes Personales y crearía un Impuesto a la Herencia. En forma paralela, en la sede gubernamental recibieron ayer el pedido de gobernadores como Jorge Capitanich (Chaco) para “suspender en forma transitoria” la aplicación del Pacto Fiscal de 2017.

El hermetismo con el que se está moviendo el Gobierno en la confección del proyecto de ley marco de emergencia económica es tomado con prevención por los bloques opositores en el Congreso, especialmente por los diputados y senadores de Juntos por el Cambio, que inicialmente pidieron conocer la iniciativa para poder estudiarla este fin de semana. Pero todo hace prever que el proyecto no llegará a manos de los parlamentarios hasta el próximo lunes, una vez que Alberto F. lo presente en público, por lo cual en las bancadas opositoras se imponía ayer una línea a seguir: dar el quórum en la sesión prevista para el miércoles, votar en contra en general y dar el visto bueno en algunos artículos en particular.

DOBLE INDEMNIZACIÓN

En los considerandos del derecho dado a conocer anoche, el Poder Ejecutivo remarcó que “la tasa de desempleo se ha incrementado hasta el 10,6% en el segundo trimestre de 2019, un punto porcentual superior a un año atrás, con tasas que en el caso de los jóvenes superan el 18% en los varones y el 23% entre las mujeres”.

En este sentido, la norma sostiene que la “dinámica del empleo asalariado registrado privado durante el último año muestra un marcado descenso que indica que 139 mil trabajadores y trabajadoras han quedado fuera del mercado laboral en el periodo septiembre 2018-2019”.

Por último, recuerda que “ya en el año 2016 el Congreso advirtió sobre el incremento de despidos y sancionó el proyecto de Ley N° 27.251 que contenía la prohibición de los despidos sin causa, que fue vetado por el Gobierno anterior provocando hasta la fecha la pérdida de 111 mil puestos de trabajo registrado”.